La llamada 'ley rusa' puede poner en peligro las aspiraciones de Georgia de ingresar en la Unión Europea. Un total de 12 Estados miembros han pedido a la UE que aclare si la ley supondrá la posible suspensión de las conversaciones de adhesión.
PUBLICIDAD
La Unión Europea ha instado al Gobierno de Georgia a seguir por la vía democrática para poder ingresar en el bloque. El anuncio llega después de que el Comité de Justicia del Parlamento aprobara este lunes un proyecto de ley que reforzaría el control sobre las organizaciones que reciben financiación extranjera.
Los manifestantes se han concentrado este lunes frente al edificio del Parlamento para protestar contra la llamada 'ley rusa', que se considera una legislación al estilo Kremlin, destinada a sofocar la libertad de expresión.
"Georgia, después de todo, es un país candidato. Esperamos y pedimos a sus autoridades que retomen el camino europeo y cumplan todos los compromisos que asumieron voluntariamente cuando solicitaron el estatus de candidato para su país", declaró el lunes el portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano.
Varios eurodiputados han pedido al responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que imponga sanciones al Gobierno de Georgia. La Comisión Europea también ha condenado a Tiflis por el uso de la violencia contra opositores, manifestantes y periodistas.
Una ley "totalmente contraria" a los valores de la UE
"Ya es hora de que la UE diga basta a este doble juego", declaró a 'Euronews' John O'Brennan, catedrático de Política Europea en la Universidad irlandesa de Maynooth y titular de la Cátedra Jean Monnet de Integración Europea.
"No se puede formar parte del proceso de adhesión y al mismo tiempo introducir una legislación que es totalmente contraria al artículo dos del Tratado de la Unión Europea; totalmente contraria al compromiso que el Gobierno georgiano había dado a la Comisión Europea", añadió O'Brennan.
El controvertido proyecto de ley, reintroducido por el partido gobernante Sueño Georgiano, exige que los medios de comunicación y las organizaciones no comerciales se registren como bajo influencia extranjera si reciben más del 20% de su financiación del extranjero.