La CPI abrió una investigación en 2021 sobre los asesinatos en masa relacionados con la llamada "guerra contra las drogas" supervisada por Duterte cuando era alcalde de la ciudad de Dávao, en el sur de Filipinas, y cuando se convirtió en presidente del país, tiempo después.
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El expresidente filipino, Rodrigo Duterte, ha llegado a La Haya tras ser detenido el martes en Manila por orden de la Corte Penal Internacional, CPI. Se le acusa de crímenes contra la humanidad relacionados con la mortífera campaña antidroga que promovió durante su mandato.
La Policía detuvo a Duterte en el aeropuerto de Manila cuando regresaba de un viaje a Hong Kong. En la capital de Filipinas fue trasladado a un avión con destino a Dubái. Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que la aeronave esperó durante horas en el emirato antes de despegar con rumbo hacia el aeropuerto de Róterdam-La Haya.
Los medios de comunicación filipinos publicaron una foto en la que se ve a quien aseguran que es Duterte en un avión, de camino a los Países Bajos. A su llegada, a suelo neerlandés el expresidente filipino ha sido conducido a una prisión situada en Scheveningen, un suburbio de La Haya que alberga un complejo penitenciario especial de la ONU, situado a unos 2 kilómetros de distancia de la sede de la CPI.
Otros presos que han permanecido allí son los expresidentes Slobodan Milošević, de Serbia, y Charles Taylor, de Liberia, así como el general serbobosnio Ratko Mladić. Tanto partidarios como detractores del exmandatario de Filipinas se congregaron este miércoles frente a la sede de la CPI.
"Es una experiencia muy emotiva para la gente. La política ha sido durante mucho tiempo un proceso clientelar y personalista en el país. Sí, al fin y al cabo todos somos filipinos. Así que, nos perjudica. Sin embargo, debemos mantenernos firmes en los principios en los que todos creemos personalmente", declara una manifestante llamada Alodiq Santos.
Asesinatos en masa en el marco de la "guerra gubernamental contra las drogas"
La CPI abrió una investigación en 2021 sobre los asesinatos en masa relacionados con la llamada "guerra contra las drogas" supervisada por Duterte cuando era alcalde de la ciudad de Dávao, en el sur de Filipinas, y cuando se convirtió en presidente del país, tiempo después.
Las estimaciones sobre el número de víctimas mortales durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde las más de 6.000 de las que ha informado la Policía filipina hasta las 30.000 ejecuciones que se cometieron, según los cálculos de los grupos que luchan en favor de los derechos humanos.
Los jueces de la CPI que examinaron las pruebas de la Fiscalía en apoyo de su petición de detener al expresidente filipino encontraron "motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato a nivel individual" como "coautor indirecto por haber supervisado presuntamente los asesinatos cuando era alcalde de Dávao y posteriormente presidente de Filipinas", según su orden de detención.
Rodrigo Duterte retiró a Filipinas de la CPI en 2019 en una medida que, según activistas que luchan por los derechos humanos, tenía como objetivo eludir la rendición de cuentas ante la Justicia. El Gobierno de Duterte se movilizó para suspender la investigación del tribunal internacional a finales de 2021 alegando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones y argumentando que, por lo tanto, un tribunal de última instancia, como es el caso de la CPI, no tenía jurisdicción.
Los jueces de apelación de la CPI rechazaron esos argumentos y dictaminaron en 2023 que la investigación podía reanudarse. Pocos días después de su arresto en el centro de detención del organismo internacional, Rodrigo Duterte será conducido ante el tribunal para tomar parte en una vista oral.
Los letrados confirmarán su identidad, comprobarán que comprende los cargos que se le imputan y fijarán una fecha para una vista conocida como confirmación de los cargos, en la que un grupo de jueces de instrucción evaluará si los fiscales tienen pruebas suficientes que justifiquen que sea sometido a un juicio completo.
Duterte podría impugnar la competencia del tribunal y la admisibilidad del caso. Aunque Filipinas ya no es un país miembro de la CPI, los presuntos delitos ocurrieron antes de que Manila se retirara del organismo. Es probable que ese proceso dure meses y, si el caso llega a juicio, podría durar años. Duterte puede solicitar la libertad provisional del centro de detención del tribunal mientras espera, aunque corresponde a los jueces decidir si son favorables a tal petición.