El veterano expresidente filipino, Rodrigo Duterte, compareció en la vista judicial de la Corte Penal Internacional a través de una pantalla de vídeo, desde un centro de detención cercano en La Haya.
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El expresidente filipino, Rodrigo Duterte, compareció este viernes ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), tras su reciente detención en Manila por cargos de asesinato relacionados con su polémica 'guerra contra las drogas', mientras ocupaba el cargo de alcalde de la ciudad sureña de Dávao y, después, como presidente del país.
El veterano exmandatario, de 79 años, no asistió en persona a la vista judicial en la sede del organismo judicial internacional, en La Haya, sino que participó a través de una videoconferencia desde un centro de detención cercano donde se encuentra detenido, bajo custodia policial.
La presidenta del tribunal, Iulia Antoanella Motoc, explicó que se había permitido a Rodrigo Duterte participar a distancia debido a su reciente largo vuelo. El expresidente filipino llegó el miércoles a La Haya, procedente de Manila, tras hacer escala en Dubái. Durante la sesión, Duterte, vestido con chaqueta y corbata, escuchó los procedimientos con auriculares, cerrando los ojos de vez en cuando. Habló brevemente en inglés para confirmar su nombre, fecha y lugar de nacimiento, pero no se le pidió que declarara.
Una detención por motivos políticos
El abogado de Rodrigo Duterte, Salvador Medialdea, criticó la detención de su cliente. "Fue trasladado sumariamente a La Haya", explicó Medialdea. "Para los abogados es una entrega extrajudicial. Para las mentes menos jurídicas es un secuestro puro y duro", señaló. Medialdea argumentó que a Duterte se le había negado el acceso a recursos legales en Filipinas, enmarcando la detención en motivos políticos.
Iulia Antoanella Motoc ha programado una vista preliminar para el 23 de septiembre en la que se determinará si las pruebas de la Fiscalía son lo suficientemente sólidas como para proceder a un juicio completo. Si el caso llega a juicio y Duterte es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.
Medialdea también mencionó que Duterte había estado bajo observación médica en un hospital debido a problemas de salud. Sin embargo, el juez informó al tribunal de que el médico que le atendió consideró que el veterano exmandatario estaba mentalmente alerta y en condiciones de participar en el proceso.
Protestas ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya
Manifestantes a favor y en contra de Duterte se concentraron el viernes ante la sede del tribunal internacional en La Haya. Grupos de defensa de los derechos humanos y familiares de víctimas han saludado su detención como un triunfo histórico contra la impunidad del Estado. Los activistas se manifestaron en la región de la capital filipina, exigiendo que se haga justicia para miles de personas asesinadas en la brutal represión de la guerra contra las drogas promovida por Duterte.
Otros grupos instalaron pantallas gigantes para que las familias de las personas ejecutadas en el marco de redadas pudieran ver los procedimientos de la CPI. Mientras tanto, los partidarios del expresidente han criticado lo que consideran la entrega por parte del Gobierno de un rival político, a un tribunal cuya jurisdicción cuestionan. La vicepresidenta filipina Sara Duterte, hija del exmandatario, se reunió con sus partidarios fuera del tribunal. Tras los procedimientos, se le permitió visitar a su padre en el centro de detención donde permanece, en La Haya.
Acusaciones contra Rodrigo Duterte
Los fiscales acusan a Duterte de ser "coautor indirecto" de múltiples asesinatos, alegando que sus acciones equivalen a crímenes contra la humanidad. Los cargos se derivan de su presunta implicación en la supervisión de asesinatos desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2019. Primero, durante su etapa como alcalde de la ciudad de Dávao, después, como presidente de Filipinas.
La Fiscalía alega que, como alcalde, Duterte dio órdenes a agentes de policía y otros "sicarios" que formaron los llamados Escuadrones de la Muerte de Dávao. Según los jueces, ordenó que mataran a delincuentes, incluidos traficantes de drogas, y les dio autorización específica para determinados asesinatos.
Según la acusación, Duterte no solamente reclutó y financió a los asesinos, sino que también les proporcionó armas y otros recursos, al tiempo que les prometía protección frente a cualquier acción judicial. El documento en el que se solicita una orden de detención de la CPI contra Duterte señala que los fiscales han construido su caso utilizando pruebas que incluyen testimonios de testigos, discursos del propio Duterte, documentos del Gobierno y grabaciones de vídeo.
El equipo legal de Duterte indica que la Administración del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. no debería haber permitido que el tribunal mundial tomara custodia del exmandatario, porque Filipinas ya no forma parte de la CPI. Harry Roque, que ejerció de portavoz presidencial de Duterte, señaló que ha solicitado ser acreditado como uno de los abogados del expresidente.
Si se aprueba su solicitud, planteará lo que, según él, fue la detención ilegal de Rodrigo Duterte por parte de las autoridades de Filipinas y la falta de jurisdicción de la CPI sobre el país asiático, que se retiró del tribunal internacional cuando Duterte era presidente.