Las competencias de la Corte Penal Internacional son limitadas y dependen en gran medida de la cooperación de los Estados miembros, dijeron expertos jurídicos a Euronews.
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¿Qué tienen en común el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado órdenes de detención contra ambos dirigentes.
En teoría, las órdenes de detención de la CPI son jurídicamente vinculantes para los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma fundacional de 1998. La Corte cuenta actualmente con 125 Estados miembros, entre ellos todos los países de la UE, aunque Estados Unidos, China y Rusia no son miembros.
El viaje de Netanyahu a Hungría a principios de este mes supuso su primera visita a un Estado miembro de la CPI desde que se emitió la orden de detención contra él en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la guerra entre Israel y Hamás. El primer ministro israelí condenó entonces la decisión de la CPI por "antisemita".
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó este mes que la institución se había "degradado hasta convertirse en una herramienta política", y su Gobierno anunció la retirada de Hungría de la CPI horas después de la llegada de Netanyahu, el 3 de abril.
Sin embargo, el proceso es largo y tarda hasta un año en completarse tras la presentación de una notificación formal por escrito. Esto significa que en el momento de la visita de Netanyahu a Budapest, Hungría estaba legalmente obligada a detener al primer ministro israelí en virtud del derecho internacional.
¿Son inmunes los jefes de Estado en activo a las órdenes de detención de la CPI?
"La Corte existe desde hace poco más de 20 años, por lo que tenemos pocos ejemplos de casos en los que se hayan dictado órdenes de detención contra jefes de Estado", declaró a 'Euronews' Mahmoud Abuwasel, vicepresidente del Instituto de La Haya para la Justicia Internacional.
"Pero en todos esos ejemplos parece haber un problema de cumplimiento y aplicación del estatuto", dijo. Los jueces de la CPI dictaminaron que no hay base legal para ello cuando indagaron en el caso del expresidente de Sudán Omar al-Bashir.
Al-Bashir estuvo en el poder desde 1989 hasta 2019, y se dictaron órdenes de detención contra él en 2009 y 2010 por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur. Elizabeth Evenson, directora del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch, dijo que algunos Estados habían afirmado que Al-Bashir no podía ser detenido debido a su inmunidad como jefe de Estado en activo.
"Los jueces de la CPI lo examinaron y dictaminaron que, a pesar de ser jefe de Estado, no gozaba de inmunidad", declaró a 'Euronews'. Desde que se emitieron las órdenes de detención de la CPI contra Al-Bashir, éste ha viajado a varios países que son Estados miembros de la Corte, han destacado grupos de derechos humanos.
Según expertos jurídicos, si un Estado miembro de la CPI considera que tiene motivos suficientes para anular una orden de detención, debe hacerlo en consulta con el tribunal. "Que yo sepa, no he visto ninguna consulta por parte de los Estados o de los responsables sobre cómo no podrían cumplir la detención de un jefe de Estado", dijo Abuwasel.
Entonces, ¿qué competencias tiene la CPI?
La CPI no tiene Policía propia y depende de la cooperación de sus miembros, integrados por 125 países que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma. "Para que la CPI tenga éxito, necesita el apoyo de los gobiernos, porque sus poderes son limitados", dijo Evenson. Aunque los jueces del tribunal tienen potestad para tomar decisiones y dictar sentencias, éstas sólo tienen peso si los Estados parte en la CPI las hacen cumplir.
Por ejemplo, cuando Mongolia recibió a Putin el pasado septiembre, los jueces de la CPI dictaminaron que el país había incumplido sus obligaciones legales de cumplir la orden de detención contra él.
En marzo de 2023, la CPI acusó a Putin del crimen de guerra de deportar ilegalmente a cientos de niños de Ucrania, poco más de un año después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala. En aquel momento, el Kremlin tachó la decisión del tribunal de "nula y sin valor".
Pero más allá de esto, los jueces podrían haber pedido al órgano de miembros de la CPI, conocido como Asamblea de Estados Partes, que tomara nuevas medidas. La Asamblea de Estados Partes es el órgano legislativo y de supervisión de la gestión del tribunal, y está formada por representantes de los Estados signatarios.
"Podrían haber suspendido los derechos de voto de Mongolia en la Asamblea de Estados Partes, suspender su capacidad para designar candidatos al tribunal de la CPI, donde se sienta un juez mongol", explicó Evenson. Sin embargo, en la práctica su respuesta ha sido calificada de débil por los expertos.
"Hasta ahora, este órgano de miembros de la CPI se ha mostrado realmente reacio a tomar medidas", afirmó Evenson. Para algunos juristas, la CPI debería adoptar una postura más dura para castigar el incumplimiento de las órdenes de detención.
"Me parece extraño que este hecho de ignorar las órdenes de detención se lleve produciendo durante los últimos 15 años y que el tribunal no haga uso de sus poderes para multar a los responsables del incumplimiento de una orden", afirmó Abuwasel. "La CPI tiene poderes sancionadores, puede ordenar penas de prisión, que es una acción extrema, pero también puede ordenar multas contra individuos. Aunque suene feroz hasta cierto punto, tiene que haber un elemento disuasorio para los países que no cumplan", añadió.
Un mecanismo de presión
Aunque los críticos afirman que el hecho de que las órdenes de detención de la CPI puedan ser desobedecidas las convierte en inútiles, otros juristas sostienen que pueden actuar como mecanismo de presión. Desde que se dictó la orden de detención contra Putin en marzo de 2023, éste no ha visitado a ningún signatario de la CPI, salvo Mongolia el año pasado. Mientras tanto, Hungría es el único Estado miembro de la CPI que Netanyahu ha visitado desde que se dictó la orden contra él en noviembre.
Aunque los jefes de Estado en activo parecen eludir las órdenes de detención de la CPI, éstas no caducan cuando dejan de estar en el poder. A principios de marzo, el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido por las autoridades del país en virtud de una orden de detención de la CPI por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra antidroga filipina.
"El caso de Duterte puede considerarse una especie de contraejemplo y demuestra que las órdenes de detención de la CPI pueden funcionar", afirmó Evenson. "Hace unos años, poca gente habría creído que se cumpliría. Aunque ya no sea un jefe de Estado en activo, las personas que han estado en el poder pueden seguir siendo protegidas por los gobiernos".