La primera ministra, el ministro del Interior y el ministro de Justicia son sospechosos de haber "abusado de sus poderes ejecutivos para desobedecer sus obligaciones internacionales y nacionales", según la acusación.
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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el jueves la apertura de una investigación sobre los esfuerzos del Gobierno italiano para liberar al jefe de la Policía Judicial de Trípoli, el libio Najeem Osama Almasri, buscado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Por "obstrucción a la administración de justicia según el artículo 70 del Estatuto de Roma", la Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto una investigación sobre las acciones del Ejecutivo de Giorgia Meloni en relación con la liberación y repatriación del presunto torturador libio, según ha informado de forma exclusiva el diario 'Avvenire'. El artículo 70 regula medidas contra quienes obstruyan la Justicia internacional, como en el caso en que se impida la libre presencia o testimonio de un testigo.
Un sudanés ya denunció a funcionarios italianos en 2019
La decisión del Tribunal se produce tras la denuncia de un ciudadano sudanés refugiado en Francia, que ya había contado a los investigadores en 2019 las torturas que él y su esposa habían sufrido a manos del director de la prisión de Mitiga, Almasri, cuando estaban encarcelados en Libia.
En la denuncia recibida por la Fiscalía, que la transmitió al secretario y al presidente del Tribunal Internacional, aparecen los nombres de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el ministro de Justicia, Carlo Nordio y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.
El hombre dijo que entregó a la Fiscalía una serie de pruebas de lo ocurrido. Según la víctima, esto también demostraría cómo altos funcionarios de la UE y de Italia, incluidos ministros y ex primeros ministros, ayudaron e instigaron crímenes contra los derechos humanos en Libia. Los documentos en cuestión fueron adjuntos a la orden de arresto enviada por la CPI a Italia.
La reacción de Nordio: "Tal vez se debería investigar a la CPI"
La primera ministra Giorgia Meloni, el ministro del Interior Matteo Piantedosi y el ministro de Justicia Carlo Nordio son tres sospechosos de haber "abusado de sus poderes ejecutivos para desobedecer sus obligaciones internacionales y nacionales", según la acusación.
"Creo que en este mundo cada uno investiga un poco sobre todo. Tenemos fe en la justicia humana. Postulo la justicia divina precisamente porque la justicia humana muchas veces es falible, pero contentémonos con lo que tenemos y veamos cómo va", declaró Nordio al programa 'Un giorno da pecora'. El ministro añadió luego que lamentaba que un presunto torturador como Almasri no pudiera ser juzgado por violar una norma.
"No tengo comentarios sobre la CPI, tengo muchas reservas sobre la actuación de la Corte en este asunto. Tal vez sea necesario abrir una investigación sobre la Corte Penal, necesitamos aclaraciones sobre cómo se comportó. En cualquier caso, confirmo que el documento enviado a Italia era nulo y sin valor, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo el ministro Nordio", comentó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.
¿Cómo fue la detención y la liberación de Almasri?
Tras ser detenido en Turín el 19 de enero en su hotel, Almasri fue liberado al día siguiente debido a un "error de procedimiento" y rápidamente repatriado en un vuelo de Estado a pesar de las solicitudes de extradición de la CPI.
El oficial libio se encontraba en Europa desde el 6 de enero. Primero fue a Londres y luego se desplazó entre Francia, Bélgica y Alemania, donde el 16 de enero fue detenido por la Policía para un control en Múnich. Al día siguiente, Interpol envió un aviso a seis Estados, anunciando a Italia las intenciones del hombre de ingresar al país.
El 18 de enero, la CPI, tras monitorear los movimientos de Almasri, emitió una orden de arresto internacional que condujo a su arresto en Italia. En los días siguientes, el ministro Nordio no dio ninguna indicación sobre la prisión preventiva, ni siquiera respondiendo a las solicitudes y requerimientos de la Corte de Apelación de Roma, además de no informar posteriormente a la CPI de la liberación.
Debido a un error formal, al no consultar la Policía al ministro de Justicia antes de proceder a la detención de Almasri, el 21 de enero el Tribunal de Apelación no validó la detención, liberando al libio, mientras que Piantedosi firmó un decreto de expulsión, repatriando al libio en un vuelo estatal ese mismo día.
En la prisión de Mitiga, en Trípoli, se habrían producido decenas de asesinatos, violaciones y torturas de presos a manos de Almasri. Según el expediente de la CPI, se habla de al menos 34 asesinatos y un abuso sexual a un menor.