Los gatillos que se pueden acoplar a los rifles semiautomáticos para convertirlos en armas totalmente automáticas fueron prohibidos bajo la Administración Biden, ya que transforman las armas en ametralladoras ilegales.
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Un total de 16 estados han presentado una demanda contra la Administración Trump en relación con su propuesta de permitir la venta de disparadores de rearme forzado, que permiten a los rifles semiautomáticos disparar a una velocidad mayor, y devolver a sus propietarios los dispositivos ya incautados.
La demanda, que se presentó ante un tribunal federal de Maryland y fue anunciada el lunes, argumenta que la devolución de los gatillos violaría las leyes federales, poniendo en peligro tanto a los residentes como al personal encargado de hacer cumplir la ley, así como empeorando potencialmente la violencia armada.
Ha habido varias batallas legales en torno a estos dispositivos, que sustituyen al típico gatillo de un rifle de estilo AR-15. El Gobierno de Biden había argumentado anteriormente que los gatillos se consideraban ametralladoras, según la legislación federal, porque la presión constante del dedo sobre los gatillos mantendría el rifle disparando, creando esencialmente una ametralladora ilegal.
Rare Breed Triggers -el fabricante de los dispositivos- afirma que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) los clasificó erróneamente e hizo caso omiso de las peticiones de cesar las ventas de los disparadores antes de ser demandados por la Administración Biden.
El Departamento de Justicia anunció el mes pasado un acuerdo con la empresa por el que se permitía la venta de los disparadores de rearme forzoso. Anteriormente, la empresa estaba representada por David Warrington, que actualmente trabaja como asesor de Trump en la Casa Blanca.
Según el acuerdo, Rare Breed Triggers ha accedido a abstenerse de fabricar los dispositivos para pistolas, según el Departamento de Justicia. El acuerdo también exige a la ATF que devuelva al Gobierno los disparadores confiscados o entregados voluntariamente por sus propietarios.
La demanda iniciada por los estados está encabezada por los fiscales generales de Delaware, Maryland y Nueva Jersey. Otros estados participantes son Colorado, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. Todos los fiscales generales de estos estados están afiliados al Partido Demócrata, aunque la oficina de Hawái es oficialmente apartidista.