Jueces y fiscales inician una huelga de tres días contra la reforma del Gobierno porque consideran que amenaza la independencia judicial. El ministro Bolaños defiende los cambios y el CGPJ señala que la huelga carece de soporte legal. Las asociaciones anticipan más acciones según avance la reforma.
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La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), comenzaron este martes una huelga de tres días en rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal. Estas organizaciones aseguran que los cambios ponen en riesgo la independencia judicial y el Estado de derecho.
Las asociaciones convocantes, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), consideran que las reformas facilitan una "selección ideológica" y disminuyen la calidad formativa, además de otorgar más poder al fiscal general del Estado.
Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defiende que estas modificaciones son “imprescindibles” para modernizar el sistema judicial y adecuarlo al siglo XXI. En un comunicado, invitó a las asociaciones a proponer mejoras en el proyecto durante el trámite parlamentario.
Reacciones y consecuencias legales
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha determinado que la huelga no tiene soporte normativo, al considerar que los jueces, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a ejercer este tipo de protestas. Sin embargo, las asociaciones señalan que el derecho de huelga está protegido constitucionalmente y que cualquier intento de coacción sería una infracción grave.
El Ministerio de Justicia ha solicitado al CGPJ establecer mecanismos para descontar los salarios de los participantes en la huelga, una medida ya implementada en protestas previas. A pesar de esta postura, las asociaciones aseguran que han definido servicios mínimos para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía.
No es la primera huelga de la Justicia
Las asociaciones han indicado que, una vez concluida esta huelga, evaluarán la respuesta institucional y el progreso parlamentario de las reformas para decidir si amplían las medidas de protesta.
Este paro se suma a otras cinco huelgas similares desde 2009, lo que refleja la persistencia del conflicto entre el Ejecutivo y el sector judicial. La huelga actual se produce en un clima de creciente tensión entre las asociaciones y el Gobierno, y podría marcar un punto de inflexión en las relaciones entre ambas partes.