Dos jóvenes, de 18 y 19 años, han sido puestos en libertad provisional tras ser detenidos en Gran Canaria por el presunto hackeo de datos personales de Pedro Sánchez, ministros, líderes políticos y figuras públicas. Los arrestados han reconocido algunos hechos aunque niegan ciberataques más graves.
PUBLICIDAD
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad a los dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos el martes en Arinaga (Gran Canaria) por su presunta participación en el hackeo de datos personales de ministros del Gobierno, dirigentes socialistas, excargos del PP e investigados en el caso Koldo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión al no haber solicitado la Fiscalía su ingreso en prisión. Ambos fueron puestos a disposición judicial este jueves por la mañana tras su detención, en una causa que ha sido declarada secreta.
En su declaración ante el juez, los dos jóvenes han reconocido algunos aspectos de la investigación. Aseguran que los datos publicados –incluyendo domicilios, números de DNI y correos electrónicos de las personalidades afectadas– procedían de fuentes públicas. Por el contrario, han negado haber participado en ataques informáticos a páginas de organismos clave como la Dirección General de Tráfico (DGT), Hacienda o el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, han desmentido haber desarrollado una aplicación para comerciar con los datos hackeados. Uno de ellos señaló, además, que fue un agente encubierto quien los descubrió.
La compleja investigación de la Policía Nacional
La Policía Nacional ha informado que el principal arrestado sería el responsable de la filtración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno. Este, "valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles". El segundo detenido, presuntamente, se encargaba de monetizar dicha venta.
Las presuntas actividades delictivas de los jóvenes incluían el cobro mediante el uso de criptomonedas, un medio que facilita el anonimato y dificulta el rastreo de los fondos por parte de los investigadores. La investigación de estos hechos, que podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad del Estado, se inició a raíz de la primera filtración de datos. Esta se produjo el pasado 19 de junio en un canal de Telegram que cuenta con 92.000 seguidores.
Una cronología de las filtraciones y los afectados
Las filtraciones han afectado a una amplia gama de figuras públicas. En el primer listado se publicaron datos de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; Igualdad, Ana Redondo; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. También se vieron afectados exdirigentes del PP como Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá, entre otros.
Una segunda filtración, ocurrida la semana pasada, volvió a publicar datos personales de ministros y, además, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; así como de implicados en el caso Koldo como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, y también de varios periodistas. La Policía Nacional también señaló que se filtró información personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de los presidentes autonómicos Juanma Moreno (Andalucía) y María Guardiola (Extremadura), la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y datos de 3.000 afiliados de Podemos con el fin de acceder a su web privada.
Implicaciones en la ciberseguridad y la privacidad
La filtración de datos personales de figuras políticas y públicas de tan alto perfil subraya los crecientes desafíos en materia de ciberseguridad nacional. Este tipo de ataques no solo representa una grave violación de la privacidad individual, sino que también puede comprometer la seguridad de los afectados y la confianza en las instituciones democráticas.
La presunta venta de acceso a bases de datos con información sensible y el uso de criptomonedas para el cobro complican significativamente el rastreo de fondos y la identificación completa de los responsables. Esto presenta un reto considerable para los investigadores y las fuerzas del orden en la lucha contra la ciberdelincuencia.
La investigación se centra en determinar la autoría de un posible delito contra la seguridad del Estado, una calificación que refleja la seriedad con la que las autoridades abordan la protección de los datos de personalidades clave y la seguridad del país en el ámbito digital. La Audiencia Nacional mantiene la investigación bajo secreto de sumario, lo que indica la delicadeza y complejidad del caso.