La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó este jueves una controvertida reforma constitucional que elimina las prohibiciones para la reelección presidencial inmediata, abriendo la puerta a la reelección indefinida del mandatario.
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La medida tuvo una gran acogida en las Cortes con un respaldo de 57 de los 60 diputados, en su mayoría oficialistas y aliados, mientras que solo tres legisladores de la oposición votaron en contra de la propuesta del grupo de Bukele.
La reforma introduce cambios profundos en el sistema político salvadoreño. Modifica cinco artículos clave de la Constitución (75, 80, 133, 152 y 154) y extiende el período presidencial de cinco a seis años. Además, elimina la segunda vuelta electoral, permitiendo que las elecciones presidenciales se decidan en una sola ronda, una medida que podría beneficiar al partido oficialista.
Un aspecto particularmente llamativo es que la reforma adelanta el final del mandato actual de Bukele de 2029 a 2027, sincronizando las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales.
La diputada Ana Figueroa, principal promotora de la iniciativa, defendió los cambios argumentando que se trata de "darle el poder total al pueblo salvadoreño" y recordando que "históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular".
Fuerte rechazo de la oposición y organismos internacionales
La oposición salvadoreña ha manifestado un rechazo contundente a esta reforma, denunciándola como un grave retroceso democrático. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos han criticado duramente la medida.
La diputada Marcela Villatoro declaró que "hoy ha muerto la democracia en El Salvador", censurando la forma acelerada y sin consulta en que se aprobó la reforma, a la que calificó como "burda y cínica".
El diputado Francisco Lira fue aún más directo, calificando la iniciativa como inconstitucional y comparándola con los procesos de concentración de poder observados en países como Perú bajo Alberto Fujimori y Venezuela con Hugo Chávez. Lira recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la reelección indefinida contradice los principios democráticos fundamentales.
A nivel internacional, Human Rights Watch ha expresado serias preocupaciones sobre esta reforma. Juanita Goebertus, directora de la organización para las Américas, advirtió que "el partido de Bukele está recorriendo el mismo camino que Venezuela" y que este tipo de reformas "empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar el poder y termina en dictadura". Las organizaciones de derechos humanos también critican la creciente represión en el país, que ha provocado el exilio de decenas de periodistas y activistas.
El desafío de Bukele a las críticas y sus implicaciones futuras
Ante las críticas nacionales e internacionales, el presidente Bukele se muestra desafiante. En junio pasado afirmó sin ambages: "Me tiene sin cuidado que me llamen dictador" y señaló que términos como democracia, institucionalidad y derechos humanos "son solo palabras usadas para mantenernos sometidos". Esta actitud refleja su estrategia de confrontación con los sectores que cuestionan sus métodos.
La popularidad de Bukele se sustenta principalmente en su lucha contra las pandillas que azotaban el país, logrando reducir la violencia a niveles históricos. Sin embargo, sus métodos han generado controversia.
El régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha permitido arrestos masivos de supuestos pandilleros, con cifras que superan las 87.000 detenciones, incluyendo a miles de personas inocentes según reportan ONG como Cristosal y Socorro Jurídico.
Con esta reforma constitucional, Bukele no solo asegura la posibilidad de perpetuarse en el poder, sino que también consolida su control político al eliminar la segunda vuelta electoral.
El último paso para que estas modificaciones entren en vigor es la ratificación final por la misma legislatura, mientras se espera también la aprobación de una nueva extensión del régimen de excepción, vigente ya desde hace más de tres años.