La esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, ha comparecido por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación. Defiende que el envío de correos por parte de su asistente fue "un favor en ocasiones excepcionales".
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La cuarta comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado tuvo lugar este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está siendo investigada por presunta malversación de fondos públicos. Durante la vista, Gómez respondió únicamente a las preguntas de su abogado y defendió que el envío de correos por parte de su asistente, Cristina Álvarez, fue "un favor en ocasiones excepcionales", negando cualquier uso indebido de recursos públicos.
El caso se abrió inicialmente por un supuesto tráfico de influencias vinculado a la cátedra que Gómez codirige en la Universidad Complutense, pero la instrucción ha ido creciendo hasta acumular cinco posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación, según recoge el propio auto judicial. La defensa sostiene que estas imputaciones carecen de base y recuerda que la Fiscalía General del Estado no ha solicitado investigar a Gómez por malversación.
Los correos de Moncloa, clave en la investigación
El punto más polémico es la decisión de Peinado de reclamar a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno todos los correos electrónicos de Gómez desde 2018, para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La defensa ha recurrido esta providencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que vulnera el artículo 18 de la Constitución y fue dictada sin motivación suficiente.
La polémica judicial se produce en paralelo a la tensión política. Según informó el propio Consejo de Ministros, el presidente Sánchez defendió la independencia del Poder Judicial y criticó lo que considera una utilización política de la causa.
Desde la oposición, el Partido Popular ha reclamado explicaciones sobre el papel de la asesora Cristina Álvarez, mientras Vox ha exigido la dimisión inmediata de Gómez de sus responsabilidades académicas. El Gobierno, por su parte, niega cualquier irregularidad y asegura que "no hay indicios sólidos" en la instrucción.
La Audiencia Provincial de Madrid deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre el recurso de la defensa. Su resolución marcará el futuro inmediato del procedimiento y definirá si la investigación avanza hacia nuevas diligencias o si se limitan los cargos que pesan sobre Gómez.