Se trata del cuarto delito por el que el alto tribunal español investiga al eurodiputado y propagandista de extrema derecha. El juez ha enviado un suplicatorio al Parlamento Europeo para imputarle, un paso necesario al estar protegido por la inmunidad parlamentaria.
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El Tribunal Supremo ha acordado solicitar a la Eurocámara la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Luis 'Alvise' Pérez Fernández por la presunta financiación irregular de su campaña para las anteriores elecciones europeas de 2024, además de por la comisión de un delito electoral.
El político y propagandista de ultraderecha, actual miembro no inscrito del Parlamento Europeo y líder de la plataforma populista Se Acabó la Fiesta (SALF), tiene otras tres causas abiertas en el Supremo y una segunda petición de la retirada de su inmunidad. La primera investigación se basa en un presunto delito de revelación de secretos y maniobras de acoso contra sus excompañeros de filas, Nora Junco y Diego Solier, ahora en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos que lidera Giorgia Meloni.
La segunda se centra en la divulgación de los datos de una prueba PCR falsa de Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña, seguida por otro caso de acoso en redes contra una fiscal valenciana especializada en delitos de odio. Por este último delito, recuerda el auto del Supremo, ya se inició una petición de suplicatorio ante el Parlamento Europeo.
La investigación actual analiza si un empresario del sector de las criptomonedas, Álvaro Romillo, habría entregado un total de 100.000 euros a Alvise en negro el 27 de mayo, pocos días antes de los anteriores comicios europeos. El magistrado del TS encargado del caso cree que Alvise encargó a Romillo, conocido como 'CryptoSpain', crear una cartera digital que le permitiese financiar su campaña de forma "anónima y encriptada", esquivando al Tribunal de Cuentas.
Alvise admitió ante el Supremo la recepción del dinero por parte de 'CryptoSpain'
Los detalles se habrían fraguado mediante una aplicación de mensajería instantánea, según el auto, a través del teléfono móvil de Romillo, quien le habría pedido un trato de favor en caso de que Alvise consiguiese su condición de eurodiputado.
Alvise ya admitió en julio ante el magistrado que ha solicitado este segundo suplicatorio, Julián Sánchez Melgar, que sí recibió esa cantidad, pero negó haberla usado para financiar su lanzamiento político en las elecciones del 9 de junio. El político aseguró ante el estrado, en unas declaraciones que el auto del suplicatorio considera "a todas luces poco verosímil", que dicho dinero se destinó a organizar una conferencia en el hipódromo de Madrid.
El Supremo considera que los hechos deben ser investigados como delitos de financiación ilegal de partidos políticos, según el artículo 304 bis 1 del Código Penal, y como delito electoral según la legislación del Régimen Electoral General.
Este mismo domingo Alvise Pérez presentó en un acto en el madrileño Palacio Vistalegre su concurrencia a las próximas elecciones generales españolas con un programa que plantea la deportación masiva de migrantes, la creación de una macrocárcel como la de El Salvador (cuyos presos sufren condiciones infrahumanas y no cuentan con acceso a abogados) o un referéndum para decidir si España sigue en la Unión Europea.