A pocos días de que exdirigentes socialistas declaren ante el Supremo, el Partido Popular ha intensificado la presión sobre Pedro Sánchez reclamando al alto tribunal que exija al PSOE detallar los movimientos de su caja desde 2017.
Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro de la polémica. A pocos días de que exdirigentes socialistas testifiquen ante el Supremo por los pagos en efectivo ligados al caso Koldo, la acusación popular del Partido Popular ha redoblado la presión judicial al exigir que el PSOE entregue el detalle de todos los movimientos de su caja desde 2017.
El PP pide que esos datos se incorporen al sumario antes de la declaración del exgerente socialista Mariano Moreno y de la empleada de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, citados para el próximo 29 de octubre. El requerimiento incluye no solo los registros de entradas y salidas de fondos, sino también la identidad de las personas que los recibieron, los conceptos de cada operación y los traspasos entre cuentas bancarias y la caja interna del partido.
Esta solicitud se produce tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detectó pagos en efectivo vinculados al exministro José Luis Ábalos por unos 95.437 euros que, según los investigadores, no tienen un respaldo documental claro. La UCO también ha señalado irregularidades menores relacionadas con su antiguo asesor, Koldo García, quien supuestamente gestionó parte de esos movimientos. Los agentes consideran que existe una "discrepancia contable relevante" entre los justificantes entregados por el PSOE y los datos obtenidos en las conversaciones intervenidas durante la investigación.
La defensa del partido niega tajantemente cualquier práctica irregular y mantiene que todos los pagos están justificados y auditados. El PSOE asegura que ha colaborado en todo momento con la Justicia y que el Tribunal de Cuentas nunca ha formulado objeción alguna sobre su contabilidad.
Sánchez rechaza cualquier irregularidad en la financiación
En el Congreso, el presidente Sánchez trató el miércoles de contener el desgaste político rechazando frontalmente las acusaciones de financiación ilegal. En la última sesión de control, el líder opositor Alberto Núñez Feijóo lo acusó de ser "el presidente de la corrupción", a lo que el jefe del Ejecutivo respondió reivindicando los datos económicos del país y acusando al PP de "usar los tribunales como escenario de oposición".
Tanto Mariano Moreno como Celia Rodríguez ya habían declarado en 2023 ante un juzgado de Madrid en una causa que fue archivada. En aquellas declaraciones, grabadas en vídeo y citadas por 'El País', defendieron la legalidad de los pagos y aseguraron que todos los reembolsos estaban sustentados con documentación.
Tras la salida de Ábalos de la Secretaría de Organización, Santos Cerdán asumió el cargo y promovió una renovación de los controles internos. Nombró a Ana Fuentes como nueva gerente e implantó un protocolo más estricto de cumplimiento normativo que eliminó el uso de efectivo para las liquidaciones ordinarias.