La JEP de Colombia imputó a tres generales retirados y 27 militares por su presunta responsabilidad en al menos 274 crímenes, entre asesinatos y desapariciones forzadas, cometidos en el departamento del Meta durante los años más intensos del conflicto armado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que ha imputado a tres generales retirados y 27 militares del Ejército Nacional de Colombia por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La decisión se enmarca en el Macrocaso 03, que investiga las ejecuciones ilegítimas de civiles presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate, conocidas como "falsos positivos". Según la JEP, los hechos investigados ocurrieron en el departamento del Meta, donde se registraron al menos 274 víctimas, entre 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas.
De acuerdo con la JEP, la brigada aplicó una política de conteo de cuerpos como indicador central de éxito militar, lo que habría derivado en una competencia interna por resultados y en la implementación de mecanismos para presentar a civiles como combatientes muertos.
Penas de hasta 20 años de cárcel
Los 30 imputados deberán decidir si reconocen su responsabilidad. Quienes lo hagan podrán acceder a sanciones restaurativas bajo supervisión judicial; quienes no, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para un juicio adversarial que podría implicar penas de hasta 20 años de prisión, según el sistema de justicia transicional.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, ha insistido en la importancia de reconocer la magnitud de estos crímenes y afirmó recientemente en declaraciones públicas recogidas por medios colombianos:"No podemos caer en la tentación del negacionismo histórico. Estos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia".
Organizaciones de víctimas han valorado la decisión como un avance significativo en el esclarecimiento de estos crímenes, mientras siguen pendientes procesos de reparación y garantías de no repetición. Hasta ahora, los generales y demás militares imputados no han emitido declaraciones públicas sobre la decisión.