El Comando Sur estadounidense ejecutó el viernes un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental que dejó dos personas muertas y un superviviente. La operación forma parte del plan Lanza del Sur, aunque expertos cuestionan su respaldo legal bajo normativa internacional.
El pasado 23 de enero, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque contra una embarcación que, según servicios de inteligencia estadounidenses, transitaba por rutas habituales de narcotráfico en el Pacífico oriental.
El operativo se realizó siguiendo instrucciones del secretario de Guerra Pete Hegseth y resultó en la muerte de dos personas. Una tercera logró sobrevivir y fue localizada tras activarse los protocolos de búsqueda y rescate del Comando Sur.
El Comando publicó un comunicado en su cuenta de X acompañado de material audiovisual donde explica que la embarcación era operada por "organizaciones terroristas designadas" que participaban en operaciones de narcotráfico.
Este tipo de acciones se enmarcan dentro del plan Lanza del Sur, una iniciativa que ha incrementado la presencia militar estadounidense en aguas del Pacífico y el Caribe con el objetivo declarado de interceptar rutas de tráfico de drogas.
Cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones
La operación ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de la legalidad internacional de este tipo de intervenciones. Distintos analistas y expertos en derecho internacional señalan que estos ataques carecen del amparo necesario bajo las normativas que regulan el uso de la fuerza en aguas internacionales.
Las críticas apuntan a que, sin autorización explícita de los países afectados o un mandato claro de organismos internacionales, este tipo de acciones constituyen una violación de la soberanía y los tratados vigentes.
A pesar de las controversias, la administración estadounidense mantiene que estas operaciones son necesarias para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en la región. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los criterios utilizados para identificar objetivos y la ausencia de mecanismos de supervisión internacional continúan generando dudas sobre la proporcionalidad y legitimidad de estos operativos militares en alta mar.