El conflicto encarece gasóleo y fertilizantes hasta un 40% y ya suma más de 100 millones en sobrecostes. El impacto diario alcanza los 5,8 millones y amenaza producción, exportaciones y precios agrícolas.
El conflicto bélico en Irán, desencadenado tras los ataques de Estados Unidos e Israel, ya pasa factura al campo español. Según estimaciones del propio sector agrario, el sobrecoste acumulado supera los 100 millones de euros, impulsado principalmente por el encarecimiento del gasóleo, que ha subido un 28%, y de los fertilizantes, con incrementos cercanos al 40%.
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Las primeras evaluaciones técnicas apuntan a que los cultivos más afectados son los de cereales, oleaginosas y cítricos. Las organizaciones agrarias calculan además que el impacto económico diario se sitúa entre 2,4 y 5,8 millones de euros desde el inicio de la crisis, el pasado 28 de febrero. En el caso del combustible, el análisis de Asaja cifra el sobrecoste semanal en 19 millones, lo que equivale a unos 2,7 millones al día.
La escalada de precios coincide con un momento clave para el campo: la campaña de abonado de cobertera, cuando aumenta de forma notable la demanda de fertilizantes. En este contexto, la tonelada de urea, uno de los principales componentes del abono, ha alcanzado los 600 euros, aproximadamente un 30% más que antes del estallido del conflicto.
Más allá de los insumos, el sector también acusa el encarecimiento del transporte marítimo. El desvío de rutas comerciales está provocando retrasos de entre 10 y 20 días, saturación portuaria y escasez de contenedores. Esta situación complica especialmente las exportaciones, con previsiones de dificultades para acceder a mercados como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
El cereal, altamente dependiente de fertilizantes nitrogenados, se sitúa entre los más vulnerables. Por su parte, la citricultura ha visto elevar sus costes en torno a un 12%, mientras que la horticultura intensiva sufre la presión de los precios energéticos. En la ganadería, la incertidumbre gira en torno a la evolución de los costes de alimentación, energía y carburantes.
Desde el sector agrario advierten de que parte de las subidas responde a movimientos especulativos más que a una escasez real. Organizaciones como COAG denuncian que los precios ya reflejan incrementos pese a que muchos insumos proceden de compras anteriores al conflicto. UPA, por su parte, subraya que este encarecimiento llega en un momento especialmente delicado, coincidiendo con el repunte del consumo de gasóleo por las siembras de primavera.
Aún sin una estimación definitiva del impacto total, Unión de Uniones advierte de que, si la situación se prolonga hasta final de año, el sobrecoste podría alcanzar los 560 millones de euros. Ante este escenario, las organizaciones agrarias reclaman medidas urgentes como la aplicación de un IVA reducido del 10% para insumos agrícolas, rebajas fiscales, bonificaciones en el IBI rústico y ayudas directas, con el objetivo de aliviar la presión sobre el campo mientras se estabilizan los mercados.
El campo español, bajo presión por la incertidumbre y el alza de costes
El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Gabriel Trenzado, advierte de que el sector agrario se enfrenta a una situación marcada por la incertidumbre y el encarecimiento de los costes de producción, en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos y de materias primas.
Trenzado explica que el impacto ya es visible "en un mercado de hidrocarburos que es bastante especulativo", lo que repercute directamente en el día a día de los agricultores, especialmente en aquellos que no cuentan con capacidad de almacenamiento o compra a largo plazo. Este incremento afecta tanto al carburante utilizado por la maquinaria agrícola como a los fertilizantes, justo en un momento clave del calendario agrícola. "Ahora vamos a empezar por la parte de fertilización", señala, subrayando que se trata de un insumo esencial para la mayoría de cultivos.
En este sentido, apunta que existe una clara diferencia entre quienes están integrados en cooperativas y quienes operan de forma independiente. "Hay cooperativas que tienen almacenados fertilizantes y pueden mantener los precios a lo que costaron sus compras", indica. Sin embargo, advierte de que esta protección es temporal: "En la medida en que vayan viniendo nuevas compras en un entorno de absoluta incertidumbre, la actualización de precios provocará incrementos importantes".
Impacto en el comercio, la producción y los precios
El directivo pone el foco no solo en el encarecimiento de insumos, sino también en las disrupciones del comercio global. Según detalla, "los fletes se están disparando" y existe una creciente inseguridad sobre el suministro de materias primas y su precio final. Incluso denuncia prácticas anómalas en el mercado: "Nos llegan noticias de que se están subastando barcos, incluso incumpliendo acuerdos preestablecidos".
Esta situación afecta de lleno a las exportaciones agroalimentarias, especialmente hacia zonas vinculadas a Oriente Medio. "No se sabe qué va a pasar con muchos contenedores de productos que se exportan", afirma, citando ejemplos como el aceite de oliva o el vino destinados a mercados del norte de África.
Pese a todo, insiste en que aún es pronto para dimensionar el impacto real del conflicto. "Llevamos apenas dos o tres semanas de guerra" y, a su juicio, "cualquier estimación que hagamos ahora se puede quedar corta".
Frente a este escenario, Trenzado descarta un colapso de las cooperativas, aunque reconoce que el problema es estructural. "Las cooperativas no van a cerrar", afirma, recordando que su función es precisamente amortiguar la volatilidad mediante compras planificadas. "Quien no está en una cooperativa está más expuesto a la especulación", añade.
No obstante, advierte de que el impacto acabará trasladándose al conjunto del sistema productivo. "Si el agricultor no fertiliza, probablemente no tenga producción", señala, lo que derivará en una menor oferta y tensiones en la rentabilidad. A medio plazo, esto podría traducirse en "menos producción y aumento de precios", tanto por el encarecimiento de costes como por la caída de la oferta.
Sobre el posible traslado de estos incrementos al consumidor, Trenzado reconoce que "la lógica es esa: aumento de costes de producción", aunque matiza que entran en juego otros factores, como la productividad futura o la evolución de los mercados internacionales.
En un sector con márgenes muy ajustados, advierte de que muchos productores podrían optar por reducir insumos: "Mucha gente no acudirá a los fertilizantes", lo que provocará una caída de rendimientos, especialmente en cultivos de secano. A esto se suma la incertidumbre sobre las importaciones y los problemas logísticos, que generan "muchos impactos cruzados" difíciles de cuantificar en este momento.
Ante esta situación, el representante del sector reclama una respuesta institucional inmediata. "Se requieren medidas urgentes, seguimiento y flexibilidades reglamentarias", sostiene, pero insiste en que el apoyo no debe centrarse únicamente en el productor, sino también en su estructura.
"Si apoyamos solo al agricultor y no a la cooperativa, esa deuda va a caer en el productor", advierte. Por ello, aboga por ayudas directas, financiación adaptada y líneas de liquidez suficientes, similares a los créditos ICO, que permitan sostener tanto la actividad como las infraestructuras del sector.
Finalmente, Trenzado no descarta medidas excepcionales a nivel europeo si la situación se agrava. "Hay cuestiones que ni el Gobierno ni la Unión Europea pueden controlar porque son consecuencias de la guerra", reconoce, pero apunta a la necesidad de actuar ante posibles distorsiones.
En este sentido, compara el escenario con la pandemia: "Como durante la pandemia de la COVID-19 con el material sanitario", señala, sugiriendo que podría ser necesario intervenir temporalmente los mercados para frenar la especulación y garantizar el abastecimiento.
"Habrá que romper determinadas reglas" si es necesario, concluye, para evitar un descontrol en la cadena alimentaria y asegurar "la producción continua de alimentos a precios lo más realistas posible", en un contexto que califica de extraordinario y que, por tanto, exige "medidas extraordinarias".