El fondo de 1.776 millones de euros establecido por la Administración de Donald Trump "contra la instrumentalización de la Justicia", creado para indemnizar a quien se considere investigado por motivos políticos, genera rechazo entre la bancada republicana.
Los senadores republicanos en Estados Unidos tienen previsto debatir cómo seguir adelante después de que el Departamento de Justicia anunciara que acatará una orden judicial que bloquea temporalmente un controvertido fondo de 1.776 millones de dólares (1.530 millones de euros), que ha dividido al partido del presidente Donald Trump y al que muchos en el país han calificado como un "fondo para matones".
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Varios legisladores conservadores han exigido más claridad al Gobierno sobre el futuro del "fondo contra la instrumentalización de la Justicia", tal y como lo describen desde la Casa Blanca, que fue creado como parte de un acuerdo extrajudicial alcanzado en el marco de la demanda que Trump presentó contra la Hacienda estadounidense por la filtración de algunas de sus declaraciones de la renta hace años.
El fondo ha suscitado críticas porque sus detractores sostienen que podría utilizarse para recompensar a algunos simpatizantes políticos de Trump, incluidas personas implicadas en el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fondo está concebido para ofrecer compensaciones monetarias a personas que consideren que fueron objeto de investigaciones o procesos penales motivados políticamente.
La disputa también ha paralizado un proyecto de ley que está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes, que busca proporcionar financiación durante tres años a las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Los republicanos abandonaron Washington antes del receso de Memorial Day, que comenzó el 22 de mayo, sin aprobar la medida después de que los demócratas amenazaran con presentar enmiendas destinadas a reducir o eliminar el fondo.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, afirmó el lunes que seguía sin estar claro si el proyecto de ley sobre los fondos migratorios avanzaría esta semana. "Por determinar", dijo a los periodistas.
La ley de inmigración, en medio del fuego cruzado político
La disputa estalló después de que Trump anunciara el acuerdo sin consultar a los legisladores, cuando el Congreso ya tramitaba el paquete de financiación para las autoridades migratorias. Los senadores republicanos reaccionaron con enfado, retiraron del proyecto de ley una partida con financiación para la seguridad de la Casa Blanca -que incluye el proyecto de salón de baile de Trump- y advirtieron de que no respaldarían la propuesta de ley a menos que el Gobierno reconsiderara su acuerdo extrajudicial.
"Creo que la mejor manera de resolverlo es que el Gobierno decida cerrarlo por su cuenta", dijo Thune sobre el fondo. El Departamento de Justicia señaló que acatará una decisión de la jueza federal Leonie Brinkema, que ha paralizado el fondo durante dos semanas y ha fijado una vista para el 12 de junio, en la que estudiará si prolonga la suspensión. Aunque el Departamento afirmó que discrepaba profundamente del fallo, varios senadores republicanos insistieron en que solo acatar la orden judicial no era suficiente.
El presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, afirmó que Trump debía dejar claro que el fondo no seguiría adelante. El senador por Oklahoma James Lankford sostuvo que los responsables del Gobierno debían ser explícitos y garantizar que se abandonará la propuesta, mientras que la senadora por Alaska Lisa Murkowski dijo que solo se daría por satisfecha si el fondo se retiraba del acuerdo por completo.
El senador por Luisiana John Kennedy advirtió de que el paquete migratorio difícilmente avanzará mientras no haya una solución. "Ahora mismo, el proyecto de ley de reconciliación parece un brazo roto con los huesos al aire", afirmó.
Los republicanos han barajado varias opciones, desde establecer quién puede optar a los pagos y modificar los mecanismos de supervisión hasta suprimir por completo el fondo. Según la agencia AP, una persona familiarizada con el asunto afirmó que Trump se está replanteando ahora si seguir adelante con el fondo, aunque el presidente aún no ha comunicado públicamente qué piensa hacer.