Ante las dudas sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, los aliados europeos de Kiev sopesan la posibilidad de confiscar 300.000 millones de dólares (274.000 millones de euros) en activos rusos congelados.
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Los líderes europeos están considerando si los activos rusos congelados podrían utilizarse para compensar a Ucrania, apoyar a su Ejército y ayudar a reconstruir hogares y ciudades destrozadas. Sin embargo, existe un antiguo debate en torno a los activos del Kremlin que fueron congelados poco después de la invasión a gran escala por parte de Rusia a principios de 2022.
Los aproximadamente 274.000 millones de euros de activos siguen congelados, y quienes se oponen a su incautación advierten de que la medida podría violar el derecho internacional y desestabilizar los mercados financieros. Hasta ahora, los países del G7 han evitado las complicaciones legales y financieras asociadas a la confiscación pura y simple del dinero y su entrega a Ucrania, utilizando únicamente los intereses del efectivo congelado para financiar 50.000 millones de dólares (45.700 millones de euros) de ayuda inicial a Ucrania mediante préstamos contra futuros ingresos por intereses.
Pero algunos de los amigos de Ucrania (Polonia, el Reino Unido y los Estados bálticos Lituania, Letonia y Estonia) quieren hacer más y quedarse también con el principal, a la vista del enorme daño infligido por Rusia. En un principio, el dinero estaba en bonos del Estado a corto plazo que el banco central ruso mantenía como reservas. Ahora, la mayoría de los bonos han vencido y se han convertido en efectivo que se acumula en bancos depositarios.
Unos 210.000 millones de euros están en Estados miembros de la Unión Europea, y la mayor parte, 183.000 millones de euros, en Euroclear, una cámara de compensación belga para transacciones financieras. Otras cantidades se encuentran en instituciones financieras de Reino Unido, Japón, Francia, Canadá, Suiza, Australia y Singapur.
¿Quién pide la incautación de los activos y por qué?
El Banco Mundial calcula que la reconstrucción de Ucrania costará 524.000 millones de dólares (478.600 millones de euros) en diez años, una cantidad ya superior al total de los activos rusos. Si uno o varios gobiernos occidentales se resisten a incautar los activos, los demás que quieran hacerlo podrían seguir adelante.
Mientras tanto, los aliados de Ucrania en Europa se plantean aumentar su ayuda financiera tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Europa debe ocuparse de su propia seguridad. Varios de esos aliados (Francia y Bélgica, por ejemplo) ya soportan niveles de deuda problemáticos superiores al 100% del producto interior bruto (PIB).
¿Por qué Francia, Alemania y Bélgica se oponen a embargar los activos?
Los líderes europeos afirman que confiscar los activos ahora significaría que no podrían utilizarse como moneda de cambio en ningún acuerdo de paz o para ayudar a imponer un alto el fuego. El ministro francés de Finanzas, Eric Lombard, declaró este martes que la incautación de activos en bancos centrales va en contra del derecho internacional. Si se embargaran activos rusos sin motivos legales, "podría suponer un riesgo para la estabilidad financiera europea", afirmó.
"Abogo por una gran cautela en lo que respecta a esos activos congelados", declaró el primer ministro belga, Bart De Wever, en la cumbre de la UE del 6 de marzo. "En este momento, se trata en realidad de una gallina que también pone huevos de oro. Esos beneficios inesperados van a parar a Ucrania".
Quienes se oponen a la incautación también temen que los países y los inversores duden en recurrir a las instituciones financieras europeas si temen que los activos puedan ser incautados, lo que socavaría el papel del euro como moneda internacional para las reservas de los Estados.
En concreto, a los gobiernos les preocupa que países como Arabia Saudí y China vendan deuda pública europea en respuesta, según Elina Ribakova, economista del 'think tank' Bruegel de Bruselas. Ello elevaría los costes de endeudamiento de unos gobiernos ya muy endeudados.
Sin embargo, Ribakova se muestra partidaria de la incautación, argumentando que el Banco Central Europeo (BCE) dispone de herramientas para frustrar cualquier venta injustificada de bonos mediante la compra de deuda pública. También se cierne sobre la cuestión el recuerdo de la crisis de la deuda pública europea de 2010-2012, en la que los costes de endeudamiento se dispararon y suscitaron temores de que la moneda única pudiera romperse.
Según Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del Real Instituto de Servicios Unidos de Londres, en la UE existe "un gran estrés postraumático por jugar con el mercado de bonos soberanos de la UE".
¿Sería legal confiscar los activos según el derecho internacional?
Algunos expertos sostienen que la confiscación sería una "contramedida" adecuada. Se trata de un término jurídico específico que se refiere a una acción que normalmente sería ilegal pero que se justifica como medio para presionar a Rusia para que ponga fin a sus propias violaciones del derecho internacional.
"No hay dilema entre utilizar los activos de un agresor para proteger a su víctima y mantener un compromiso con el orden basado en normas", escribió Nigel Gould-Davies, investigador principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y exembajador británico en Bielorrusia, en un análisis jurídico.
Otros expertos afirman que la confiscación no sería una contramedida legítima. Una razón: justificar una contramedida como compensación por daños (en lugar de simplemente como presión para que se comporten) sería "una expansión muy significativa de la forma en que hemos utilizado las contramedidas en el pasado", indicó Ingrid Brunk, profesora de derecho internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt. "Yo lo calificaría de violación del derecho internacional sobre contramedidas". Además, Brunk dijo que el derecho internacional concede una fuerte protección a las reservas de los bancos centrales contra el embargo, un principio que ha sido "absolutamente sacrosanto durante un siglo".
"En una época en la que los países no se ponen de acuerdo en casi nada, esta es una norma amplia y universalmente aceptada", dijo Brunk, advirtiendo del peligro de "desestabilizar una de las pocas bases férreas del sistema financiero internacional". Según Keatinge, la cuestión jurídica está "al 50%". Se reduce a una cuestión de "voluntad política".
Los activos congelados se utilizaron en el pasado para compensar a las víctimas de la invasión de Kuwait por Irak en 1990 y de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán por Irán en 1979. Estas acciones estaban legalmente justificadas porque formaban parte de acuerdos de paz posteriores a los conflictos: una resolución de la ONU en el caso de Irak, y acuerdos diplomáticos en el caso de Irán, señaló Brunk.
¿Qué ha dicho o hecho Rusia sobre los activos congelados?
El Kremlin ha advertido repetidamente de que la confiscación de activos rusos sería ilegítima y erosionaría la confianza de los inversores. "Consideramos esas intenciones ilegales, y cualquier intento de cumplirlas acarrearía consecuencias legales muy graves", declaró a la prensa este mes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Rusia podría, en teoría, embargar los activos de las aproximadamente 1.800 empresas occidentales que siguen haciendo negocios en Rusia. Una ley reciente permitiría al Estado confiscar empresas con sede en países considerados "hostiles", según informan los medios de comunicación rusos.
Sin embargo, Rusia tiene menos que embargar. Las empresas extranjeras han sufrido pérdidas por valor de más de 170.000 millones de dólares (155.000 millones de euros) desde 2022, a menudo porque han decidido abandonar Rusia o reducir sus actividades, según la Escuela de Economía de Kiev.