La Unión Europea y el Reino Unido firmaron este lunes el conocido como acuerdo marco de Windsor.
PUBLICIDADLa Unión Europea y el Reino Unido han abierto un nuevo capítulo en su larga, rica y a veces tensa relación. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, subrayaron deliberadamente estas palabras: "nuevo capítulo", durante la rueda de prensa celebrada este lunes para presentar el nuevo acuerdo marco de Windsor.
"El nuevo acuerdo marco de Windsor respeta y protege nuestros respectivos mercados y nuestros legítimos intereses", dijo von der Leyen, visiblemente optimista.
El acuerdo marco pone sobre la mesa varias "soluciones conjuntas" para abordar la compleja situación regulatoria de Irlanda del Norte. La región, situada en la isla de Irlanda y fronteriza con la República de Irlanda pero perteneciente al Reino Unido, cuenta con una larga historia de violencia por grupos militares partidarios de la unificación de Irlanda. Desde el referéndum de 2016, se ha visto incómodamente atrapada entre la legislación del Reino Unido y la de la UE.
Para mantener una frontera irlandesa invisible y evitar un resurgimiento de los disturbios, Bruselas y Londres negociaron un protocolo ad hoc que ha mantenido a Irlanda del Norte bajo las normas de la UE en materia de aduanas, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), impuestos especiales, subvenciones y comercio de bienes.
Desde su firma en 2019, el protocolo ha sido objeto de intensas críticas por parte del Movimiento Unionista en Irlanda del Norte (partidarios del actual status quo de la región) y del Partido Conservador en Westminster, que argumentaron que las disposiciones erigían una frontera artificial en el mar de Irlanda y atentaban contra la soberanía británica.
Las elecciones de 2022 a la Asamblea de Irlanda del Norte, conocida como Stormont, arrojaron una clara mayoría favorable al protocolo y paralizaron el ejecutivo de poder compartido, lo que agravó aún más la crisis.
Un freno excepcional
Conscientes de esta fricción persistente, Bruselas y Londres han ideado ahora un nuevo mecanismo innovador -denominado "freno de Stormont"- para que los norirlandeses tengan en la práctica más peso en el funcionamiento de las normas.
Con las reglas anteriores, cualquier cambio en la legislación de la UE -ya fuera la aprobación de una enmienda o un texto totalmente nuevo- que siguiera aplicándose a Irlanda del Norte tenía que entrar automáticamente en vigor en todo el territorio.
Ahora, con el acuerdo marco de Windsor, el freno permitirá a la asamblea de Stormont, de 90 escaños, plantear objeciones si considera que estos cambios de la legislación de la UE tienen un impacto significativo y duradero en la vida cotidiana de los residentes en Irlanda del Norte.
La petición tendrá que ir firmada por un mínimo de 30 legisladores de Stormont de al menos dos partidos políticos diferentes, y deberá exponer argumentos sólidos para demostrar que el impacto perjudicial es "susceptible de persistir", según ha dicho el Gobierno británico.
Pero, a diferencia de las peticiones tradicionales, el recurso no requerirá una votación intercomunitaria en la asamblea de Stormont, lo que significa que tanto unionistas como nacionalistas podrían reunir las firmas necesarias para iniciar el proceso por su cuenta.
"El freno no estará disponible por razones triviales", ha advertido Londres. En Bruselas, la Comisión Europea insiste en que la herramienta será una opción de último recurso, sólo pensada para las "circunstancias más excepcionales" en las que se hayan agotado todas las demás opciones de mediación.
Una vez que Stormont redacte y firme la petición, Londres tendrá derecho a activar el freno y suspender la aplicación de la legislación comunitaria modificada en Irlanda del Norte, con efecto inmediato.
Después, funcionarios de la UE y el Reino Unido se reunirán en comisión mixta para debatir el contencioso jurídico y cómo puede afectar el freno al protocolo y a la invisibilidad de la frontera irlandesa. Si entonces no se encuentra una solución, las dos partes llevarán su disputa a un arbitraje independiente.
Ese panel, designado por ambas partes, será el encargado de dictaminar si la activación del freno cumplía las condiciones necesarias o era injustificada. En esta última fase, caben dos posibilidades:
- El panel dictamina que el freno no tenía fundamento, lo que lleva a su desactivación. La nueva legislación de la UE se aplicará entonces a Irlanda del Norte, de acuerdo con el protocolo.
- El grupo de expertos dictamina que el freno estaba justificado, lo que permite la suspensión de la legislación de la UE modificada o nueva. Esta situación creará una divergencia normativa, aunque limitada, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. La UE deberá entonces adoptar "medidas correctoras" específicas para hacer frente a la nueva situación.
¿Un veto inequívoco?
Aunque Bruselas y Londres coinciden en la naturaleza de emergencia del freno de Stormont, advirtiendo contra su explotación, hay un llamativo desacuerdo sobre el poder que conlleva el mecanismo.
PUBLICIDADEl freno "daría al Reino Unido un veto inequívoco -permitiendo la inaplicación permanente de la norma (de la UE)- en el seno del Comité Mixto", ha dicho el Gobierno británico.
La palabra "veto" también fue utilizada por el primer ministro Sunak durante la rueda de prensa conjunta del lunes con la presidenta von der Leyen y repetida posteriormente en su cuenta de Twitter.
Ni von der Leyen ni los altos funcionarios europeos han empleado el término, que tiene una fuerte carga política y puede verse como una admisión de la pérdida de control de la UE. La palabra está igualmente ausente de cualquier documento oficial publicado por la Comisión Europea.
"Los sustantivos o adjetivos que se utilicen para describirlo con más detalle son asunto de cada parte", dijo un portavoz de la Comisión Europea cuando se le preguntó por la divergencia semántica.
Para David Henig, director para Reino Unido del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), el freno está siendo "sobrevalorado" por Sunak y su Gobierno conservador, donde el ala probrexit sigue teniendo un peso importante.
PUBLICIDAD"El Reino Unido puede decidir no aplicar la legislación de la UE, pero entonces ambas partes tienen que discutir alternativas, y la UE puede tomar medidas si no hay acuerdo", ha dicho Henig a Euronews.
Christy Petit, profesora de Derecho europeo en la Dublin City University, está de acuerdo y señala que el freno está limitado por la condición de demostrar un impacto "significativo" en la vida de los norirlandeses.
"Aunque el freno se active ante una decisión unilateral por parte del Reino Unido, ésta no puede ser totalmente inequívoca, ya que la UE siempre puede tomar represalias, y existe una salvaguarda procesal para asegurarse de que (el Reino Unido) ha actuado de buena fe y de acuerdo con el acuerdo marco de Windsor", ha explicado Petit a Euronews.
En una sorprendente concesión, Bruselas aceptó excluir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del Freno de Stormont, que ahora estará en manos del panel de arbitraje independiente. La omisión de la supervisión del TJUE, un punto de fricción durante las negociaciones, fue celebrada abiertamente por Londres.
En Bruselas, altos funcionarios subrayaron que al panel de arbitraje sólo se le pedirá que se pronuncie sobre las condiciones para activar el freno -una cuestión de procedimiento- y no sobre el fondo de la propia legislación europea, donde el TJUE seguirá siendo el "árbitro único y último".
PUBLICIDADFederico Fabbrini, profesor visitante de Derecho en la Universidad de Princeton, afirma que el acuerdo marco Windsor no merma al TJUE porque su papel sigue "atrincherado" en el protocolo original y el panel de arbitraje examinará nuevos cambios en la legislación de la UE, no la legislación vigente en su totalidad.
"Las partes se han comprometido a resolver pacíficamente las controversias y a recurrir al arbitraje, lo que siempre ha sido posible según el protocolo", ha declarado Fabbrini a Euronews.
"Así que ahí no hay ningún cambio".