La exeurodiputada, que ha negado las acusaciones de corrupción y blanqueo de dinero, consiguió llevar adelante su petición de examinar si los servicios secretos belgas desempeñaron un papel ilegal en su detención en 2022.
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Un juez de Bruselas ha pedido este martes que se revise si las pruebas de los servicios secretos utilizadas contra Eva Kaili son legales, en un giro que probablemente retrasará el proceso en el largo caso de corrupción contra la exeurodiputada griega.
Kaili, exvicepresidenta del Parlamento Europeo, fue detenida en diciembre de 2022 y acusada de participación en una organización delictiva y blanqueo de capitales, tras una investigación sobre una trama de dinero a cambio de favores con la que supuestamente pretendía influir en la elaboración de las políticas de la UE.
Kaili ha negado los cargos, y su equipo jurídico ha presentado una serie de impugnaciones al caso contra ella, sobre todo teniendo en cuenta la inmunidad legal de la que gozaba como eurodiputada.
"Es una decisión muy importante y extraordinaria la que ha tomado el tribunal de apelación", declaró a 'Euronews' Sven Mary, abogado de Kaili, añadiendo que el fallo podría abrir una "nueva caja de Pandora" sobre el papel que desempeñaron los servicios secretos belgas. La sentencia, vista por 'Euronews', pide al Comité R, órgano independiente que supervisa el trabajo de los servicios de inteligencia belgas, que revise la legalidad de los "métodos específicos y excepcionales" utilizados en el caso.
Es probable que esto tarde varios meses en llegar, aunque otro intento legal de Kaili de modificar el calendario de los trámites del caso fue considerado inadmisible. El auto es consecuencia de múltiples alegaciones del equipo jurídico de Kaili, entre ellas que hubo irregularidades en la decisión de retirarle la inmunidad parlamentaria y que el investigador Michel Claise debería haberse inhibido debido a los vínculos entre su hijo y otro sospechoso. Kaili, que salió de prisión en abril de 2023, ya no es eurodiputada y ahora vive en Italia y Grecia.
El escándalo de corrupción pasó a conocerse como 'Catargate', y dio lugar a una serie de reformas internas y a la detención de ocho personas. Entre ellos se encuentran, además de Kaili, otros dos antiguos diputados socialistas al Parlamento Europeo: la italiana Andrea Cozzolino y el belga Marc Tarabella.