A pesar de los obstáculos jurídicos y políticos que dificultan el enjuiciamiento, los expertos en derechos humanos son optimistas respecto a la posibilidad de que Al Assad y los miembros del régimen rindan cuentas algún día por sus crímenes ante un tribunal.
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En Siria, las celebraciones por la caída de Bashar al Assad se han mezclado con una sensación de horror, a medida que han ido apareciendo pruebas espantosas de las atrocidades cometidas por su régimen. Se han descubierto cementerios colectivos y las tristemente célebres prisiones que fueron fundamentales en el régimen coercitivo del depuesto dictador.
En ellos quedan huellas del brutal sufrimiento infligido por el régimen. Las caóticas escenas de antiguos detenidos, sus familiares y periodistas rebuscando entre el papeleo de los centros de detención han provocado peticiones internacionales a los nuevos dirigentes 'de facto' de Siria para que garanticen la conservación de las pruebas para futuros procesos penales.
Al Assad y su padre, Hafez, han sido acusados de una letanía de crímenes y abusos durante los últimos 54 años, como torturas, violaciones, ejecuciones masivas, desapariciones forzadas y ataques químicos. La Red Siria de Derechos Humanos (SNHR, por sus siglas en inglés) calcula que al menos 15.000 sirios han muerto torturados desde que estalló la guerra civil en 2011.
Sin embargo, dado que Al Assad está exiliado en Rusia y se sospecha que muchos de los miembros de su entorno se encuentran en Irán, existen varios obstáculos jurídicos y políticos que impiden exigir responsabilidades penales. La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, es el tribunal internacional más evidente para procesar a personas por delitos tan graves. Pero la CPI no tiene jurisdicción sobre Siria, ya que el país no es Estado parte en el Tratado de Roma.
En principio, el Consejo de Seguridad de la ONU puede remitir un caso a la CPI, otorgándole jurisdicción. Pero el Kremlin vetaría sin duda esa posibilidad, dada su alianza con Al Assad y su propia complicidad en los crímenes. Tanto Rusia como China bloquearon tal remisión hace diez años.
En declaraciones a 'Euronews', Balkees Jarrah, director asociado de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), pidió a las nuevas autoridades 'de facto' de Siria que consideren la posibilidad de conceder la jurisdicción a la CPI: "Creemos que los nuevos dirigentes de Siria deben dejar claro de inmediato su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas", afirmó. "Esto incluye ratificar el Tratado de Roma y conceder a la Corte Penal Internacional jurisdicción retroactiva para que el fiscal pueda examinar los crímenes cometidos en los últimos años".
Todas las miradas puestas en los líderes sirios 'de facto'
Una opción más viable en el actual clima político es que los juicios se celebren en tribunales penales tanto dentro como fuera de Siria. Los expertos afirman que es demasiado pronto para saber si los nuevos gobernantes 'de facto' serán capaces de garantizar que cualquier proceso penal sirio se lleve a cabo de forma segura y conforme a las normas internacionales.
"No sabemos cómo será el futuro Estado de Siria, cómo funcionarán las distintas instituciones y cómo cooperarán entre sí. Así que es algo que no podemos predecir", según Elisabeth Hoffberger-Pippan, del Instituto Leibniz de Investigación para la Paz de Fráncfort (PRIF).
"La opción ideal es que se celebren procesos penales en la propia Siria que cumplan las normas de un juicio justo, sin recurrir a la pena de muerte. Y es necesario garantizar la seguridad de los testigos y las víctimas para que puedan prestar testimonio", declaró a 'Euronews' Vito Todeschini, asesor jurídico de Amnistía Internacional.
El principal grupo rebelde del nuevo Gobierno es Hayat Tahrir al-Sham (HTS), designado grupo terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y vinculado anteriormente a Al Qaeda. Su líder, Ahmed al-Sharaa, antes conocido como Abu Mohammed al-Yolan, ha prometido "perseguir" a los secuaces del régimen en Siria y ha pedido a los países que "entreguen a los huidos" para que se haga justicia. Los combatientes rebeldes han hablado también de una amnistía para todos los militares reclutados bajo el régimen de al-Assad.
Pero actualmente es inconcebible que el propio Al Assad sea extraditado para ser juzgado en un tribunal sirio o no sirio, ya que no hay apetito político ni motivos para que Moscú lo entregue. Tampoco es probable que Irán extradite a funcionarios del régimen que han huido allí. Sin embargo, expertos consultados por 'Euronews' han expresado su esperanza de que Al Assad y los torturadores de alto nivel del régimen puedan rendir cuentas algún día, si cambian las condiciones geopolíticas.
"Si la repentina caída del régimen de Al Assad nos ha demostrado algo es que las cosas pueden cambiar con bastante rapidez", dijo Jarrah, de Human Rights Watch. "No podemos predecir lo que ocurrirá en el futuro ni excluir la posibilidad de que Assad responda por sus crímenes algún día ante un tribunal".
"Lo que también tenemos que considerar ahora mismo es lo intenso y fuerte que es el vínculo entre Vladímir Putin y Bashar al Assad", dijo Hoffberger-Pippan, del PRIF. "Creo que existe la posibilidad de que Rusia no esté tan interesada en Al Assad en el futuro porque el entorno geopolítico está cambiando de una manera que hace que sea menos importante para Rusia protegerlo".
Colaboración internacional y preservación de pruebas
La jurisdicción universal también permite a tribunales no sirios procesar a sirios por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y tortura. Ya se han presentado causas penales contra funcionarios del régimen en tribunales austriacos, franceses, alemanes, noruegos, suecos y estadounidenses, muchos de los cuales ya han presentado cargos con éxito.
El primer juicio internacional sobre tortura en Siria se celebró en 2020 ante el Tribunal Regional Superior de Coblenza (Alemania). Se acusó a dos ex altos cargos del régimen de Al Assad, uno de los cuales fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad y condenado a cadena perpetua. En noviembre de 2023, un tribunal francés dictó órdenes internacionales de detención contra Bashar Al Assad, su hermano y dos funcionarios por un ataque contra civiles con armas químicas en 2013.
Según el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), con sede en Berlín, la jurisdicción universal es prometedora, pero debe ser una "opción de emergencia" si fracasan los procesos dentro de Siria. El impulso hacia la justicia debe estar "liderado por Siria", afirma.
Para cualquier juicio, es crucial que las pruebas estén bien conservadas. Durante las décadas que duró el régimen, las organizaciones internacionales y la sociedad civil siria documentaron los delitos con la ayuda de denunciantes. Las llamadas fotos 'César', tomadas por un oficial de la Policía Militar siria que desertó hace una década, son quizá las pruebas de tortura más conocidas que han dado lugar a procesos penales en tribunales europeos.
El Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (MIII) de la ONU tiene el mandato de recopilar, preservar y analizar pruebas para su uso en procesos penales y apoya a la sociedad civil siria en los procesos judiciales. Su investigador principal, Robert Petit, ha descrito "papeles esparcidos por el suelo, gente que salía con ordenadores, discos duros quemados y destrozados" en centros del régimen durante la ofensiva de los rebeldes.
"Quienes controlan estas prisiones deben salvaguardar los materiales de estas instalaciones para que se pueda decir la verdad y para que los responsables rindan cuentas", explicó Jarrah, de HRW. 'Euronews' se puso en contacto con la ONU para preguntar si sus investigadores habían recibido ya autorización de los dirigentes 'de facto' de Siria para acceder al terreno, pero aún no ha recibido respuesta.
Según la CEDH, también existe un riesgo real de que las pruebas puedan ser confiscadas "para ser utilizadas como capital político o comercial" o ser comprometidas por agentes de los servicios secretos de países "interesados en destruir pruebas y archivos".