El precio de los alimentos que compramos es el resultado de duras negociaciones entre los grandes compradores y los agricultores. Sin embargo, los agricultores suelen sentir que los grandes distribuidores se aprovechan de ellos, y se quejan de que se ven obligados a malvender sus productos.
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Para garantizar que los agricultores reciban lo que les corresponde, la Comisión Europea ha presentado propuestas para reforzar su poder de negociación.
La Comisión quiere hacer cumplir mejor las normas vigentes que penalizan la morosidad, las anulaciones de última hora de pedidos de productos perecederos y los cambios unilaterales en los contratos, así como impedir las represalias comerciales de los compradores con gran poder.
La iniciativa pretende recompensar de manera justa a los agricultores que trabajan duro. Fueron, precisamente, estas reclamaciones de injusticia las que llevaron a los agricultores a salir a las calles en protestas por toda Europa el año pasado. Muchos consumidores habituales consideran que tienen razón.
En la UE hay unos nueve millones de explotaciones agrícolas, más de cinco millones menos que en 2005.
Casi dos tercios de estas explotaciones son pequeñas, de menos de 5 hectáreas. En 2020, las explotaciones agrícolas de la UE ocuparán 157 millones de hectáreas de tierras destinadas a la producción agrícola, lo que equivale al 38% de la superficie total de la UE.
Estas cifras reflejan que las pequeñas explotaciones son una parte crucial de la cadena de suministro de alimentos en Europa. En cambio, el mercado está dominado por unas pocas grandes empresas en el lado de los compradores.
Otra de las grandes preocupaciones de los agricultores europeos es que sus márgenes de beneficio se han visto reducidos por el aumento del coste de insumos como fertilizantes y pesticidas, lo que en última instancia encarece la producción.
Queda por ver si la última iniciativa de Bruselas les ayudará a alcanzar una posición más fuerte en la cadena de suministro de alimentos.