Los juzgados de Santander acogieron un histórico acto de conciliación entre Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Sin embargo, finalmente no hubo acuerdo.
PUBLICIDAD
El encuentro judicial se centró en la demanda presentada por el emérito para defender su derecho al honor frente a lo que consideró "expresiones calumniosas e injuriosas" vertidas por el político cántabro.
El acto tuvo lugar en la sala de vistas número 10 de la sede judicial de Las Salesas, donde ambas partes negociaron sobre el litigio. La defensa del rey emérito exigía una rectificación pública por parte de Revilla y una indemnización de 50.000 euros que, según manifestó, sería destinada íntegramente a obras benéficas de Cáritas.
Pero finalmente no ha habido acuerdo de conciliación tras alegar el letrado del expresidente cántabro que su cliente no ha mentido. Revilla: "Me he visto en la obligación de decir lo que pienso, que es lo que piensan la mayoría de los españoles".
De la admiración al enfrentamiento judicial
La relación entre Revilla y Juan Carlos I experimentó una evolución significativa con el paso del tiempo. El político cántabro, quien anteriormente manifestaba abiertamente su "veneración" por el papel del monarca durante el intento de golpe de Estado del 23F, cambió radicalmente su postura tras los escándalos financieros que rodearon al rey emérito en 2020.
Las investigaciones de la Fiscalía sobre presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas black y la presunta fortuna oculta en Jersey marcaron un punto de inflexión en la percepción pública del monarca. Aunque las causas fueron archivándose por su condición de inviolabilidad, prescripción de delitos o regularizaciones fiscales, el daño reputacional ya estaba hecho.
Este cambio de percepción llevó a Revilla a expresar duras críticas hacia el emérito en diversos programas televisivos de máxima audiencia, llegando a referirse a él como "apátrida fiscal" y afirmando que había "cometido verdaderos delitos".
Una demanda inesperada
La noticia de la demanda causó asombro en el Partido Regionalista Cántabro, que manifestó haberse enterado por la prensa sin recibir notificación previa. El equipo legal del rey emérito informó que la querella respondía a supuestas "expresiones calumniosas e injuriosas" vertidas por Revilla públicamente entre "mayo de 2022 y enero de 2025".
Para gestionar este proceso judicial, Juan Carlos I eligió a la abogada Guadalupe Sánchez Baena, conocida por representar al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Casa Real rápidamente se desmarcó de esta acción, aclarando que se trataba de "una iniciativa personal" del emérito emprendida "a través de sus abogados privados".
Reacciones cruzadas ante la conciliación
Tras conocerse la demanda, Revilla no ocultó su "decepción" y retó públicamente al rey a acudir personalmente al acto de conciliación: "Ya que ha presentado la demanda, ven a defenderla y ahí nos vemos". En posteriores declaraciones, el político cántabro insistió en que sería "un buen momento para que contrastemos su vida con la mía".
El expresidente de Cantabria defendió tener "la conciencia muy tranquila" argumentando no haber "inventado nada" y ser una persona "limpia y honesta". También criticó lo que consideraba una injusticia inherente al proceso: "Ir a por un ciudadano, sabiendo que a él no le puedes hacer nada, me parece mezquino", en referencia a la inmunidad constitucional del rey.