El alto tribunal ha considerado que la querella presentada contra Juan Carlos I carece de base legal.
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El Tribunal Supremo español ha rechazado abrir una causa penal contra el rey emérito Juan Carlos I en relación con el origen y la gestión de su patrimonio oculto en el extranjero. La Sala de lo Penal ha desestimado una querella impulsada por un grupo de magistrados jubilados, fiscales anticorrupción también jubilados y representantes de la cultura, que cuestionaban el archivo de la investigación previa realizada por la Fiscalía. Los jueces consideran que no existen razones jurídicas nuevas que justifiquen reabrir el caso.
En su resolución, el alto tribunal respalda por completo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que en 2022 decidió cerrar el expediente sin presentar cargos. El Supremo reprocha a los querellantes una "lectura parcial e interesada" de ese archivo, y considera que no han aportado elementos sustanciales que invaliden el criterio fiscal. "Nada ha cambiado en estos tres años para justificar un proceso penal", subraya el fallo.
Según el Ministerio Fiscal, que investigó durante varios años los movimientos financieros de Juan Carlos I tras su abdicación en 2014, los fondos no declarados acumulados en el extranjero, incluidos los más de 65 millones de euros provenientes de Arabia Saudí, viajes pagados por empresarios y estructuras opacas como un 'trust' en Jersey, no podían ser perseguidos penalmente por tres razones: la inviolabilidad que protegía al entonces jefe del Estado, la prescripción de muchos de los hechos y, finalmente, las regularizaciones fiscales voluntarias que realizó el monarca una vez abierta la investigación.
La querella carece de base legal, según el Supremo
La nueva querella pretendía rebatir especialmente ese último punto, al considerar que los pagos a Hacienda no deberían eximir automáticamente de responsabilidad penal. Sin embargo, el Supremo concluye que dicha interpretación no justifica volver a investigar desde cero. Según los jueces, los impulsores de la querella "no desmienten las razones del archivo", sino que piden que se repita la investigación, se revisen documentos ya evaluados y se recalculen plazos de prescripción, algo que el tribunal rechaza por carecer de base legal.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo cierra una vez más la vía penal contra Juan Carlos I, respaldando la tesis de que, al menos en los términos actuales, no se dan las condiciones para sentar al rey emérito en el banquillo.