Aena ha comenzado a informar a las personas que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que no podrán permanecer en sus instalaciones a partir de hoy, 24 de julio de 2025.
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Esta decisión de prohibir la pernoctación en el aeropuerto de Barajas en Madrid se ha tomado tras la habilitación de un centro de acogida específico por parte del Ayuntamiento de Madrid, anunciado por el alcalde el pasado 22 de mayo como solución para quienes dormían en el aeropuerto.
La compañía aeroportuaria ha justificado la medida subrayando que los aeropuertos "no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son infraestructuras exclusivamente de paso", careciendo de las condiciones adecuadas para dormir que sí ofrecen las instalaciones municipales. Aena ha desmentido además los rumores sobre una supuesta plaga de chinches vinculada a la presencia de personas sin hogar, asegurando que su equipo técnico no ha recibido avisos al respecto y que las tareas de limpieza son constantes.
La empresa continuará colaborando con los trabajadores sociales, los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid y las entidades del Tercer Sector para guiar a estas personas hacia el nuevo centro de acogida. Respecto al censo de personas sin hogar, Aena ha explicado que su financiación se articuló mediante un convenio y que las partes ultiman el diseño para cumplir la legislación de protección de datos.
El perfil de los afectados y las críticas al proceso
Según un censo realizado por Cáritas, Bokatas y la Mesa por la Hospitalidad entre marzo y abril, en Barajas pernoctaban entre 271 y 421 personas sin hogar. La mayoría son hombres de entre 45 y 64 años, muchos con enfermedades crónicas, y un 38% tiene trabajo, aunque precario. Más de la mitad están empadronados en Madrid y un 51% dispone de tarjeta sanitaria, aunque un 34% no accede a atención primaria.
Desde 2019, Barajas se había convertido en un refugio informal para personas sin hogar, pero Aena ha ido restringiendo progresivamente el espacio retirando bancos y enchufes o limitando horarios. Las ONG como Bokatas interpretan estas medidas como una "estrategia de desgaste" y critican que la gestión actual persigue expulsarlas sin ofrecer soluciones reales de acogida.
El Ministerio de Transportes ha instado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a proporcionar alojamiento, recordando que los ocupantes no son refugiados, sino personas sin recursos. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, consideró la situación una "emergencia social" y pidió una reunión urgente entre las partes implicadas. .
Las organizaciones sociales proponen replicar el modelo de Barcelona, donde las administraciones alcanzaron un acuerdo para atender a las personas sin hogar en El Prat con financiación y personal especializado, evitando así la criminalización y ofreciendo una atención digna.