La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se niega a participar en el reparto obligatorio de menores inmigrantes procedentes de territorios españoles con alta presión migratoria. El Gobierno regional ha recurrido el Real Decreto 658/2025 ante el Tribunal Supremo.
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La Comunidad de Madrid no piensa participar en el reparto de menores inmigrantes acordado por el Gobierno y varias comunidades autónomas. Así lo ha dejado claro la Administración regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Este jueves, la comunidad ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, aprobado por el Ejecutivo socialista el pasado martes 22 de julio.
La normativa obliga a las regiones menos afectadas por la inmigración irregular a acoger a menores migrantes llegados a comunidades con alta presión migratoria, como, por ejemplo, Canarias. Según el Gobierno regional de Madrid, el decreto "vulnera competencias autonómicas". Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular ya habían recurrido al Tribunal Constitucional la medida, cuyo reparto, según el Gobierno central, comenzará en agosto.
El Partido Popular considera que la normativa está diseñada para "castigar" a las comunidades autónomas que gobierna y ha calificado el real decreto de "arbitrario, opaco y discriminatorio". Esta misma semana, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), dirigido por el PP, ordenó el cierre de un centro de acogida de inmigrantes por "falta de licencia".
Sin embargo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que la decisión fue tomada por la propia Isabel Díaz Ayuso, quien, según sus palabras, "no quiere a los menores migrantes que están en Canarias porque son negros".
Tras reunirse en Canarias con representantes autonómicos para coordinar el reparto, Torres aseguró que el centro de Pozuelo de Alarcón está abierto desde 2022, que acoge a niños y madres que han huido de la guerra en Ucrania, y que el Gobierno regional solo pone trabas ahora porque debe alojar a "menores de raza negra".