La mayoría de los ciudadanos (80%) de la Unión Europea está dispuesta a aumentar los impuestos medioambientales y apoya la introducción de un impuesto mínimo para las grandes empresas multinacionales y los superricos.
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La última encuesta del Eurobarómetro sobre fiscalidad muestra que los ciudadanos están abiertos a cambios políticos que hagan los impuestos más justos y ecológicos. En 2024, el 80% de los encuestados está de acuerdo en que las grandes empresas multinacionales paguen un impuesto mínimo en todos los países en los que operan.
Casi dos tercios (65%) de los encuestados apoyan la introducción de un impuesto para las personas más ricas (el 0,001% más rico) para garantizar que paguen un nivel mínimo de impuestos. El apoyo es mayor en Hungría (78%), Bulgaria (71%) y Croacia (71%). Los que se oponen a tal impuesto están preocupados por la competitividad, la inversión y la posible fuga de capitales.
En cuanto a la equidad, solo uno de cada cinco ciudadanos de la Unión Europea cree que las contribuciones fiscales en su país son proporcionales a la renta y el patrimonio "en gran medida", siendo más escépticos la mayoría de los encuestados. El sistema se considera más justo en Finlandia y Luxemburgo, mientras que Letonia, Chequia, Lituania y Polonia ocupan los últimos puestos en cuanto a equidad fiscal.
Entre quienes están de acuerdo en aumentar los impuestos para mejorar los servicios públicos, casi la mitad se centraría en primer lugar en el tabaco y el alcohol, y un tercio aumentaría los impuestos sobre las rentas de la inversión, como los intereses o los alquileres.
Casi seis de cada diez ciudadanos de la UE están a favor de utilizar medidas fiscales para desincentivar el uso o consumo de bienes perjudiciales para el medio ambiente y de energía contaminante. La mayoría daría prioridad a los impuestos sobre los productos no reciclables o difíciles de reciclar, seguidos de los plásticos y las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto a lo que los ciudadanos quieren que la UE priorice en materia fiscal, el número uno es la lucha contra la evasión y elusión fiscales, que cuestan a los Estados miembros miles de millones de euros cada año. La segunda prioridad es evitar la doble imposición entre países de la UE. En la UE, casi el 90% de los ingresos de que disponen los Gobiernos nacionales procede de los impuestos.