Los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir sobre Ucrania, el Pacto Verde, las tensiones con China y el uso de activos rusos congelados. El líder ucraniano también asistirá.
Los 27 líderes de la Unión Europea se preparan para una cumbre de alto voltaje en Bruselas, con una apretada agenda centrada en Ucrania, los objetivos climáticos y China, tres temas que prometen negociaciones tensas y compromisos delicados.
La reunión del jueves, que se extenderá durante toda la jornada, también abordará la preparación en materia de defensa, la competitividad económica, la situación en Oriente Próximo, la inmigración irregular y, por primera vez, la crisis inmobiliaria.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participará en persona para solicitar respaldo político a su estrategia y nueva ayuda militar para sus Fuerzas Armadas, que atraviesan una situación crítica tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender todos los fondos.
La diplomacia de Trump pesará notablemente en las conversaciones, después de que su esperado encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Budapest, fuera pospuesto indefinidamente. El hecho ha llevado a los líderes europeos a cerrar filas en torno a Kiev y reafirmar su apoyo.
El martes, un grupo de dirigentes europeos pidió un alto el fuego en las líneas de frente "actuales", una propuesta que Trump dijo respaldar, pero que Putin rechaza por completo. "Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza", afirmaron en un comunicado.
Como es habitual, las conclusiones conjuntas sobre Ucrania serán refrendadas por 26 Estados miembros debido a los persistentes desacuerdos con Hungría. Sin embargo, no se espera que el país sea protagonista en esta ocasión, ya que el primer ministro Viktor Orbán tiene previsto llegar a última hora de la tarde debido a una festividad nacional.
La atención, en cambio, se centrará en Bélgica. Los jefes de Estado y de Gobierno intentarán responder a las preocupaciones del país sobre un ambicioso plan para utilizar los activos rusos congelados y conceder a Ucrania un préstamo sin intereses de 140.000 millones de euros destinado a cubrir su déficit presupuestario y reforzar su apoyo militar.
Bélgica observa el proyecto con especial interés, ya que la mayoría de los activos rusos se encuentran depositados en Euroclear, un depositario central de valores con sede en Bruselas.
El primer ministro belga, Bart De Wever, ha pedido "el máximo" de seguridad jurídica, solidaridad y responsabilidad para garantizar que los posibles riesgos, como eventuales represalias de Moscú, sean compartidos equitativamente entre todos los Estados miembros. También ha reclamado "transparencia" para localizar los activos soberanos rusos que permanecen en otras jurisdicciones.
"No creo que sea una postura irrazonable", declaró a principios de mes. Diplomáticos y funcionarios reconocen que Bélgica tiene intereses legítimos y confían en que De Wever acabe aceptando encargar a la Comisión Europea la elaboración de una propuesta legal que permita a Kiev empezar a recibir los fondos a lo largo del próximo año.
Durante la reunión, los líderes debatirán cómo asegurar que las compras militares de Ucrania financiadas con el préstamo beneficien a la industria europea, un objetivo prioritario para Francia. Otros países, sin embargo, prefieren dar prioridad a la rapidez en la producción y el suministro, sin importar el origen de las armas o equipos.
"El objetivo de este préstamo es mantener a Ucrania en la lucha", señaló un alto diplomático. "Si pueden gastar el préstamo en Europa, aún mejor".
La lucha climática
Además de las conversaciones con De Wever, los líderes seguirán de cerca la postura de Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, que mantiene su veto al nuevo paquete de sanciones contra Rusia.
Fico no se opone al contenido del paquete, centrado en el gas natural licuado (GNL) ruso, las infraestructuras petrolíferas, la 'flota fantasma', las plataformas de criptodivisas y los movimientos de diplomáticos rusos dentro del bloque, pero ha planteado otras preocupaciones sobre los precios de la energía, el sector automovilístico y la competitividad europea.
En vísperas de la cumbre del jueves, los embajadores dedicaron horas a ajustar las conclusiones para incluir precisamente esos temas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió una carta a los Veintisiete en la que se comprometía a reducir los precios de la energía para los hogares y a acelerar la revisión de la ley que prohibirá la venta de coches nuevos con motor de combustión a partir de 2035.
Las gestiones parecen haber surtido efecto: el miércoles, Fico insinuó su disposición a levantar el veto y aceptar las sanciones. "El paquete no nos afecta directamente, pero es una buena herramienta para las negociaciones", afirmó, proclamando aparentemente su victoria.
La presión sobre Fico se ha entrelazado con un debate más amplio sobre la política climática europea, cada vez más cuestionada por líderes conservadores como el alemán Friedrich Merz, la italiana Giorgia Meloni y el polaco Donald Tusk.
Incluso los liberales, como el presidente francés Emmanuel Macron, han expresado reservas. Macron ha pedido a los líderes un debate cara a cara sobre la necesidad de fijar un nuevo objetivo de reducción de emisiones para 2040, como paso intermedio hacia la neutralidad climática a mediados de siglo.
La Comisión ya ha propuesto una reducción del 90% para 2040, pero con ciertas flexibilidades para los gobiernos y la industria. El texto se enfrenta a una ardua lucha por ser aprobado, a medida que se acentúa la reacción política contra la normativa medioambiental.
Otro punto de fricción es el nuevo Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) que pondrá precio al CO2 emitido por los edificios y el transporte por carretera. Algunos países quieren que el sistema, que entrará en vigor en 2027, se revise a fondo o directamente se suprima.
Con el aumento de las quejas, el intercambio del jueves corre el riesgo de convertirse en un agrio enfrentamiento en torno al Pacto Verde, el principal legado del primer mandato de Von der Leyen. "Si nuestro objetivo es una economía robusta, resistente, sostenible e innovadora, aferrarnos dogmáticamente a nuestros actuales modelos de negocio, independientemente de sus éxitos pasados, no es la solución", escribió Von der Leyen en su carta.
Aunque no figure formalmente en la agenda, China acudirá inevitablemente a la mesa. La decisión de Pekín de reimponer y ampliar amplias restricciones a las tierras raras, cruciales para los sectores de defensa y tecnología, ha puesto nerviosos a los europeos y ha alimentado los llamamientos de Alemania, Francia y Polonia a adoptar una postura más dura.
Los Estados miembros, sin embargo, siguen muy divididos sobre cómo hacer frente a Pekín y temen que cualquier escalada con el gigante asiático pueda golpear duramente a la economía europea, aún tambaleante por el doloroso impacto de los aranceles de Trump. Esto significa que la perspectiva de activar el Instrumento Anticoerción, la herramienta comercial más poderosa del bloque, sigue siendo una idea lejana... por ahora.