Tras dos décadas de negociaciones y manifestaciones agrarias contra este acuerdo de libre comercio con Sudamérica, su ratificación final se demora hasta que el Tribunal emita un veredicto, aunque la Comisión aún podría continuar con su aplicación provisional.
El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor de remitir el acuerdo comercial UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE, una medida que retrasa significativamente el acuerdo y podría hacer descarrilar su aprobación final, que también debe ratificarse por esta Cámara tras ser aprobado por el Consejo Europeo.
Como se esperaba, la votación fue ajustada, con 334 eurodiputados a favor de la remisión, 324 en contra y 11 abstenciones. El acuerdo, firmado el 17 de enero y que creará una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas, cuenta con la oposición de países como Irlanda, Francia y Polonia y de buena parte de la patronal agraria en toda la Unión Europea.
Los defensores del acuerdo lo consideran una gran oportunidad para las industrias europeas y una forma de reforzar la posición geoestratégica de la UE, especialmente en un momento de constantes fricciones con Estados Unidos tras su giro proteccionista.
Pero también ha provocado la indignación de los agricultores -a izquierda y derecha- y de los ecologista, preocupados por las consecuencias de la llegada al mercado europeo de alimentos baratos y de calidad inferior procedentes de países sudamericanos. El día antes de la votación se celebraron protestas masivas en Estrasburgo, con miles de agricultores rodeando el edificio Louise Weisst y enfrentándose a la Policía.
¿Qué pasará ahora?
El Tribunal estudiará ahora si el acuerdo comercial es compatible con los tratados de la UE. Los eurodiputados que propusieron la remisión consideran que dividir el acuerdo para dejar la parte comercial únicamente a la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento de la UE fue una táctica de la Comisión Europea destinada, dicen, a "impedir que los parlamentos nacionales [de los Estados miembros] se pronunciaran sobre el acuerdo". Este punto es lo que podría ser considerado ilegal por parte de los jueces.
La resolución que pide impugnar el acuerdo también cuestiona la legalidad del llamado mecanismo de reequilibrio introducido en el acuerdo, que permitiría a los países del Mercosur tomar medidas compensatorias si las futuras leyes de la UE reducen sus exportaciones a Europa.
La remisión adoptada el miércoles suspende el procedimiento de aprobación en el Parlamento Europeo, cuya votación final estaba prevista para los próximos meses. La sentencia del Alto Tribunal de la UE podría tardar más de un año en emitirse y, mientras tanto, la aprobación del acuerdo quedará congelada.
La Comisión Europea aún puede seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo mientras se examina el recurso del Parlamento, a pesar de haberse comprometido (en varios correos electrónicos enviados a eurodiputados y vistos por 'Euronews') a no hacerlo. Esto es técnicamente posible, aseguró un portavoz de la Comisión, pero corre el riesgo de tensar las relaciones entre las instituciones de la UE.
El Parlamento, dividido sobre Mercosur
La votación también ha puesto de manifiesto la división de la Eurocámara y de varios grupos políticos en torno al polémico acuerdo con los países latinoamericanos. Renovar Europa, los Verdes/ALE y la Izquierda promovieron la consulta, y en general están en contra del acuerdo comercial, aunque con algunas excepciones. El grupo de extrema derecha Patriotas por Europa también se mostró a favor de la remisión, y no se abstuvo de votar a favor de una iniciativa procedente de la izquierda del Parlamento, tal y como anunció el Presidente del grupo, Jordan Bardella.
El Partido Popular Europeo y los Socialistas y Demócratas, los grupos más numerosos del Parlamento, defendieron el acuerdo comercial y votaron en contra de la remisión a los tribunales. Pero en ambas familias políticas, algunos eurodiputados desafiaron la línea del grupo.
Los Conservadores y Reformistas Europeos permitieron a sus legisladores votar libremente, y surgió una división: los eurodiputados polacos y franceses votaron a favor de la remisión, mientras que los italianos, checos, belgas y bálticos votaron en contra.