La Corte Penal Internacional ha remitido oficialmente a Italia a la Asamblea de Estados Miembros por el caso de la liberación de Njeem Osama Almasri, a pesar de la orden de detención de la Corte, en violación de las obligaciones del Estatuto de Roma. Se ha invitado a Italia a aclarar su posición
La Corte Penal Internacional (CPI) remitió oficialmente el jueves a Italia a la Asamblea de Estados Partes por incumplimiento de sus obligaciones de cooperación internacional en el caso Almasri.
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La decisión fue hecha pública por la propia CPI, que indicó en un comunicado que "el 29 de enero de 2026, la Presidencia notificó la decisión de remitir a la Asamblea de Estados Partes el incumplimiento por parte de Italia de una solicitud de cooperación", un acto formal requerido por el artículo 109.4 del Reglamento de la Corte. De acuerdo con los procedimientos internacionales, se invitó a un representante de Italia a la reunión de la Mesa de la Asamblea el 1 de abril de 2026.
La reunión sirvió para debatir las implicaciones de la decisión de la Corte sobre la falta de cooperación y para que el gobierno presentara su plan sobre cómo pretende cooperar con la justicia internacional en el futuro. La oficina presentará un informe sobre las medidas adoptadas, junto con las posibles recomendaciones, durante la próxima sesión plenaria.
La polémica contra Meloni y los ministros Nordio y Piantedosi
La controversia jurídica se remonta a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de 17 de octubre de 2025 , que dictaminó que Italia había incumplido sus obligaciones internacionales en virtud del Estatuto de Roma, impidiendo de hecho a la Corte ejercer sus funciones judiciales.
Sin embargo, el quid de la disputa se remonta a enero de 2025, a la no ejecución de la orden de detención internacional contra Njeem Osama Almasri, un destacado general libio de una de las facciones que se disputan el poder en Trípoli.
Al Masri había sido detenido en suelo italiano y puesto en libertad poco después, sólo para ser devuelto a Libia en un vuelo del Estado italiano, sin consultar al tribunal. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, y el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, habían defendido su conducta en el Parlamento, afirmando haber gestionado adecuadamente lo que constituía un "peligro inminente" para Italia.
El asunto había provocado una dura reacción en la oposición, que había exigido explicaciones, y dimisiones, a los ministros en cuestión y a la primera ministra, Giorgia Meloni. El uso de un avión de Estado y la no validación de la detención por parte del Ministerio de Justicia habían desencadenado una investigación por complicidad y malversación que implicaba a Meloni, Piantedosi, Nordio y el subsecretario del Primer Ministro, Alfredo Mantovano.
La investigación sobre Meloni se cerró el pasado mes de agosto, mientras que el 9 de octubre la Cámara de Diputados denegó la autorización para proceder contra los ministros y el subsecretario.
La remisión del jueves renovó el enfrentamiento político con la acusación de que el primer ministro ha comprometido la credibilidad internacional de Italia. El Partito Democratico, Movimento 5Stelle, Alleanza Verdi Sinistra y Plus Europa hablaron de un colapso de la cultura jurídica italiana en el altar de los acuerdos migratorios con regímenes norteafricanos.
También impugnaron el 'blindaje' político que la mayoría habría concedido no sólo a los ministros, sino también al antiguo jefe de gabinete de Nordio, Giusi Bartolozzi, que dimitió un año después tras la victoria del 'No' en el referéndum sobre la Justicia.