Los gobiernos de la UE advierten de que los intentos de Bruselas de simplificar la normativa podrían ser contraproducentes, ya que crece la preocupación de que las nuevas normas puedan en realidad ralentizar proyectos que se necesitan con urgencia.
El Gobierno irlandés ha pedido al Comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, que reconsidere sus planes de acelerar los procedimientos de concesión de permisos, insistiendo en que la agilización de las autorizaciones es vital para la construcción de viviendas e infraestructuras críticas. La petición se produce en un momento en que el país se enfrenta a una crisis de la vivienda cada vez más grave, caracterizada por la subida de los alquileres, la generalización del fenómeno de los sin techo y la escasez crónica de oferta.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
El ministro irlandés de Vivienda, James Browne, ha pedido recientemente a los promotores inmobiliarios que se enfrentan a dificultades financieras en la construcción de viviendas de alquiler que se pongan en contacto con su departamento para mantener la viabilidad de los proyectos. Sus declaraciones se producen tras la reciente quiebra de un proyecto de alquiler de viviendas en el norte de Dublín, considerado inviable desde el punto de vista financiero.
Los precios de la vivienda aumentaron un 53% en poco más de una década
Browne afirmó que existe una "cartera muy importante" de proyectos de alquiler a precio de coste destinados a trabajadores que ganan demasiado para una vivienda social, pero que no pueden acceder al mercado privado de alquiler. El problema social se extiende más allá de Irlanda, ya que los datos de la UE muestran que los precios de la vivienda aumentaron un 53% entre 2010 y 2024 y los alquileres un 25%.
Los gobiernos de la UE advierten de que los intentos de Bruselas de simplificar la normativa podrían ser contraproducentes, ya que crece la preocupación de que las nuevas normas puedan en realidad ralentizar proyectos que se necesitan con urgencia, según revela una carta vista por 'Euronews'.
"Es esencial una mayor claridad y coherencia de la normativa de la UE en materia de permisos y legislación medioambiental si queremos reducir costes, construir más viviendas, llevar a buen puerto la doble transición (...) y seguir siendo competitivos a nivel mundial", reza la carta liderada por Irlanda y respaldada por otros seis países de la UE.
Junto a Irlanda, Austria, Grecia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia argumentan que el problema no es el exceso de regulación, sino la mala armonización de las leyes de la UE. Aunque los siete países son partidarios de reducir la burocracia, advierten de que las propuestas actuales pueden hacer lo contrario.
La lentitud de los procesos europeos de concesión de permisos
En el centro de la cuestión está el tiempo que se tarda en aprobar los grandes proyectos europeos, como la construcción de viviendas, las centrales de energías renovables, las redes de transporte y las infraestructuras digitales.
Estos proyectos se consideran esenciales para el crecimiento económico, la seguridad energética y el mantenimiento de la competitividad mundial, pero a menudo se ven ralentizados por complejos procesos de aprobación que implican múltiples niveles de normas nacionales y de la UE.
Los gobiernos reclaman normas más claras y coherentes, advirtiendo que sin una mejor coordinación entre las normas medioambientales y las empresariales, la UE corre el riesgo de socavar tanto su transición ecológica como su competitividad económica en la escena mundial.
La Comisión Europea ha intentado solucionar este problema proponiendo evaluaciones ambientales más rápidas. En teoría, esto debería acelerar la aprobación de los proyectos. Pero los gobiernos afirman que las nuevas normas no siempre encajan bien con la legislación ambiental vigente, por lo que las autoridades pueden tener dificultades para aplicarlas en la práctica.
Impulsar la inversión y el crecimiento
Desde las elecciones europeas de 2024 y la puesta en marcha de un nuevo gabinete de la Comisión Europea, la política de la UE ha experimentado un cambio sísmico, pasando de la regulación a la desregulación para impulsar la competitividad.
Ello responde a un crecimiento económico débil y sostenido, a la competencia industrial de Estados Unidos y China y a la inestabilidad geopolítica, con la guerra en Oriente Medio planteando la perspectiva de unos precios de la energía y una inflación elevados a largo plazo. En este contexto, los diez paquetes ómnibus de la Comisión Europea -conjuntos de simplificaciones legislativas por la vía rápida- se diseñaron para que Europa avanzara más deprisa y fuera más favorable a la inversión.
Para la Comisión y las voces proempresariales, la simplificación consiste en eliminar obstáculos administrativos para impulsar la inversión y el crecimiento. El comisario Dombrovskis la ha calificado de necesaria "limpieza a fondo" de la legislación de la UE para afinar la ventaja competitiva de Europa.
La competitividad es la prioridad absoluta
"Hemos fijado objetivos ambiciosos para reducir la carga administrativa global en un 25% para todas las empresas, y en un 35% para las PYME, lo que supondría recortes en términos de costes administrativos anuales de unos 37.500 millones de euros", declaró Dombrovskis a 'Euronews' el viernes en el Foro Económico de Delphi, en Grecia, calificando la competitividad de "prioridad absoluta".
Los críticos sostienen que los paquetes ómnibus son una desregulación encubierta, que socava los pilares fundamentales del Pacto Verde y debilita las protecciones medioambientales y sociales bajo la bandera de la eficiencia.
"La crisis actual de la vivienda y la energía se debe a un mercado mal regulado que prioriza el beneficio sobre la asequibilidad y la sostenibilidad", afirmó Sonja Leyvraz, responsable de política de edificios y economía circular de la ONG European Environmental Bureau.