La matanza de Amendolara reabre el debate sobre el caporalato en Italia, donde alrededor de 230.000 trabajadores agrícolas continúan sufriendo explotación laboral pese a una normativa pionera en Europa.
El fenómeno del caporalato —el sistema ilegal de intermediación laboral y explotación de jornaleros ampliamente extendido en algunas zonas agrícolas italianas— ha vuelto a situarse en el centro del debate en Italia tras un crimen espeluznante.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
El 1 de junio, cuatro jornaleros extranjeros fueron encerrados en un coche y quemados vivos en una estación de servicio de Amendolara, en Calabria, junto a la carretera estatal 106, conocida como la Jónica. Menos de 24 horas después fueron detenidos dos ciudadanos paquistaníes, Safeer Ahmed y Ali Raza, ambos de 31 años, acusados de asesinato múltiple con varias agravantes.
Las imágenes del sistema de videovigilancia de la gasolinera donde apareció el vehículo en llamas resultaron decisivas para identificarlos y relacionarlos con el crimen. "Ha sido un episodio de una gravedad inaudita, tanto por el balance de víctimas, cuatro muertos, como por la forma en que se cometió", declaró en rueda de prensa el fiscal de Castrovillari, Alessandro D'Alessio. Y añadió al responder a las preguntas de los periodistas: "El caporalato es una de las líneas de investigación, pero no la única".
Las víctimas, explicó posteriormente el fiscal, se encontraban todas en Italia con permiso de residencia en vigor, carecían de antecedentes penales y llevaban años viviendo en el país. Habían llegado a Calabria después de pasar por Cerdeña. Los cuatro jornaleros asesinados son el paquistaní Waseem Khan, de 29 años, y los afganos Amin Fazal Khogjani, de 28; Ullah Ismat Qiemi, de 19; y Safi Iayjad, de 27.
Reacciones al crimen de Amendolara
"El horrible asesinato de los cuatro jornaleros en Calabria nos ha conmocionado a todos. (...) Italia no cede ante la violencia y la barbarie. Es fundamental esclarecer por completo este terrible crimen y llevar a todos los responsables ante la Justicia", escribió en X la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
El próximo sábado se celebrará una manifestación convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), que partirá desde la estación de servicio donde fueron asesinados los cuatro trabajadores y recorrerá las calles hasta llegar al centro de Amendolara, en la provincia de Cosenza.
Qué ha contado el único superviviente de la matanza
Los investigadores lograron identificar a las víctimas gracias a los documentos hallados en el piso donde vivían junto a otros inmigrantes. Entre ellos se encontraba Mohammad Taj Alamyar, un afgano de 35 años que lleva aproximadamente un año en Italia y es el único superviviente de la tragedia.
Alamyar vio morir ante sus ojos a cuatro jornaleros como él: tres afganos y un paquistaní. Cubierto de vendajes, señala sin dudar a los responsables. Lo hizo ante las cámaras de la televisión pública 'Rai': "Es la mafia, la mafia... Son mafiosos paquistaníes".
En un italiano vacilante, el trabajador agrícola relató que los dos detenidos exigían dinero por el transporte al lugar de trabajo y que las víctimas se negaban a pagarlo. Según su versión, cuando se dieron cuenta de ello, primero rociaron el interior del vehículo con gasolina y después prendieron fuego.
El afgano también aseguró que los ciudadanos paquistaníes le amenazaban a él y a los demás con cuchillos y pistolas para obligarles a trabajar y que no les pagaban sus salarios. "El dinero no nos lo daban; comida sí, alojamiento también, pero dinero no", afirmó.
Se trata del único testigo presencial de la tragedia y su relato coincide, según los investigadores, con las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la estación de servicio. Junto a los cuatro trabajadores fallecidos, vivía en un apartamento de Villapiana, en la provincia de Cosenza. La vivienda había sido puesta a disposición por los propios caporales paquistaníes, que residen en el mismo municipio. En ella convivían diez personas.
Desde el pasado 20 de abril trabajaban en la recogida de fresas en una explotación agrícola de Scanzano Jonico. Cada mañana eran los propios caporales quienes los trasladaban hasta el lugar de trabajo. Durante los primeros días habrían cobrado en negro. Posteriormente, según el testimonio del superviviente, acordaron un salario de 45 euros diarios.
"Al final nos daban alojamiento, pero no nos pagaban el sueldo", explicó. "Además exigían cinco euros al día por el transporte al trabajo".
¿Es el caso de Amendolara un hecho aislado?
El informe más reciente 'Agromafie e caporalato', publicado en 2022 por el observatorio Placido Rizzotto de la CGIL, estima que unas 230.000 personas sufren explotación laboral en los campos italianos, aproximadamente una cuarta parte de todos los jornaleros del país.
Desde hace años, este observatorio analiza la explotación laboral en la agricultura, el fenómeno del caporalato y la infiltración de organizaciones mafiosas en el sector mediante una intensa labor de recopilación de denuncias y testimonios.
El estudio concluye que el trabajo irregular tiene una incidencia especialmente elevada en Puglia, Sicilia, Campania, Calabria y Lazio, donde más del 40% de los trabajadores cuenta con contratos irregulares o directamente carece de ellos. En muchas regiones del norte de Italia, la tasa de irregularidad sigue situándose entre el 20% y el 30%.
¿Existe una ley contra el caporalato?
La ley 199 contra el caporalato fue aprobada en 2016 por el Gobierno de Matteo Renzi y actúa en dos frentes: la represión de los delitos y la prevención.
El endurecimiento de las penas y la introducción de la responsabilidad penal tanto para los caporales como para los empleadores han producido algunos resultados. Sin embargo, la prevención sigue siendo insuficiente debido a la falta de controles eficaces y al temor de muchos trabajadores inmigrantes que, para conseguir o conservar su permiso de residencia, aceptan condiciones de explotación extrema y evitan denunciar.
La norma también contempla la intervención judicial de las empresas investigadas y establece mecanismos de responsabilidad solidaria, como se ha visto recientemente en casos relacionados con la industria de la moda de lujo o con las obras del Consulado de Estados Unidos en Milán.
Aunque el número de procedimientos judiciales por explotación laboral ha aumentado de forma considerable, la ley continúa aplicándose de manera limitada porque su eficacia depende en gran medida de las investigaciones llevadas a cabo por los inspectores de trabajo, los carabinieri, la Guardia di Finanza, la Policía y la magistratura.
Además, la legislación prevé la concesión de permisos de residencia a los inmigrantes que denuncien situaciones de explotación. Sin embargo, los trámites burocráticos suelen ser largos y complejos. Durante ese tiempo, muchos inmigrantes quedan sin protección, sin empleo, sin ingresos y sin vivienda, lo que los expone a represalias y chantajes por parte de las redes de explotación.
Considerada en su momento una legislación pionera en Europa, la norma ha quedado en gran medida infrautilizada. La matanza de Amendolara ha vuelto a poner de manifiesto hasta qué punto las organizaciones criminales italianas han tejido alianzas estables con redes procedentes de los mismos países de origen de muchos de los trabajadores explotados.