Europa necesita cada vez más trabajadores extranjeros mientras endurece su política migratoria. La contradicción se agudiza con la entrada en vigor, el 12 de junio, del Pacto de Migración y Asilo, la reforma más restrictiva de la UE en décadas.
Europa necesita desesperadamente mano de obra y al mismo tiempo está decidida a impedir la entrada de más personas, justo cuando su Pacto de Migración y Asilo entra plenamente en vigor el 12 de junio. Esa contradicción está en el centro de uno de los debates más cargados políticamente del continente y cada vez resulta más difícil de ignorar.
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Con el paro en mínimos históricos y las tasas de empleo en máximos, los mercados laborales de la UE están al límite. La sanidad, la construcción, la agricultura, el transporte y la tecnología sufren carencias estructurales de personal.
La causa no es ningún misterio: Europa envejece a gran velocidad. En 2022, aproximadamente el 22% de la población de la UE tenía 65 años o más. La población en edad de trabajar se reduce, especialmente en Alemania, Italia y Europa central y oriental.
El 1 de junio, los colegisladores de la UE acordaron crear nuevos 'centros de retorno' fuera de sus fronteras para retener a los inmigrantes sin derecho a permanecer. Pocos días después, el 12 de junio, entra en vigor íntegramente el Pacto de Migración y Asilo. Se trata de la reforma más amplia de la legislación migratoria europea en décadas, basada en controles más estrictos, deportaciones más rápidas y una vigilancia reforzada en las fronteras.
Las cifras no cuadran
Desde 2019, los nacionales de países terceros han cubierto más de la mitad del crecimiento neto del empleo en la UE. En Italia, los inmigrantes sostienen unas 600.000 pensiones a través de sus cotizaciones a la seguridad social, aportan aproximadamente 8.000 millones de euros al año al sistema de bienestar y reciben en torno a 3.000 millones en prestaciones.
En Alemania, cada trabajador migrante contribuye a las pensiones actuales al mismo tipo legal que los nacionales. La Comisión Europea, el BCE y numerosos centros de investigación coinciden en que la inmigración es una de las pocas opciones viables para mantener el crecimiento económico y sostener los sistemas de bienestar.
Nicolas Schmit, que fue comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales y ahora es eurodiputado del grupo S&D y presidente de FEPS, lo dice sin rodeos. "Quienes le digan lo contrario no le dicen la verdad", afirma. "Si Europa apuesta por una migración cero, acabaremos siendo un continente muerto".
Sin embargo, el debate público rara vez refleja estas cifras. Lo dominan las imágenes de centros de acogida saturados como los de Lampedusa y Moria y la creciente presión política de la extrema derecha y de la derecha tradicional, que exigen gestos visibles en las fronteras.
La estrategia de las dos vías
Lo que ha ido tomando forma es una estrategia de doble vía, como la definen los investigadores. Los gobiernos endurecen las normas de asilo y el control fronterizo de cara a la opinión pública, mientras amplían discretamente los programas de migración laboral dirigidos a los sectores que no pueden permitirse dejar sin personal.
El Gobierno italiano, por ejemplo, ha impulsado una agenda antiinmigración mientras aprobaba los llamados 'decretos de flujos' que permiten la entrada cada año de decenas de miles de trabajadores de fuera de la UE. Alemania ha reformado su ley de inmigración cualificada para crear nuevas vías para trabajadores sin estudios universitarios.
Schmit, que puso en marcha junto a la entonces comisaria de Migración Ylva Johansson las iniciativas europeas Talent Partnership y Talent Pool, sostiene que esta brecha entre la retórica y la realidad no es sostenible.
"Tenemos que transformar este debate tóxico sobre migración en un debate real, basado en hechos", defiende. "Pero sé que, en nuestro tiempo, los hechos no siempre están en el centro".
Tesseltje de Lange, profesora y directora del Centro de Derecho de la Migración de la Universidad Radboud de Nimega, coincide en que el encuadre político resulta engañoso. "La retórica de que haya menos migración es un relato falso", señala. "Las empresas y los hogares europeos no pueden prescindir de la mano de obra migrante".
Cuando el sistema se bloquea a sí mismo
Incluso donde existen vías legales, el sistema no funciona. La investigación de De Lange detalla los obstáculos cotidianos que impiden a los empleadores cubrir vacantes con trabajadores extranjeros: el reconocimiento de cualificaciones, que puede tardar hasta un año y sigue sin estar armonizado entre Estados miembros, las citas para visados acaparadas por intermediarios y las pruebas de mercado laboral que ralentizan los expedientes hasta casi paralizarlos.
"A veces se tarda unos nueve meses solo en conseguir una cita en una embajada", apunta De Lange, "porque los intermediarios han reservado todos los huecos disponibles".
El principal instrumento de la UE para atraer trabajadores cualificados, la Tarjeta Azul, se ha reformado en el marco de una revisión para el periodo 2023-2025 con umbrales salariales más bajos, criterios de cualificación más amplios y una mayor movilidad dentro de la Unión.
Pero su implantación sigue siendo irregular, fragmentada por regímenes nacionales que compiten entre sí y lastrada por la lentitud en la tramitación y el escaso conocimiento entre los empleadores. Al mismo tiempo, algunos Gobiernos endurecen las normas sobre reagrupación familiar mientras reclutan trabajadores en el extranjero, una decisión que De Lange considera contraproducente.
"La literatura muestra que el compromiso familiar es clave para una integración satisfactoria del talento. Endurecer las reglas de reagrupación familiar parece ir en contra del objetivo de atraer y retener a trabajadores migrantes".
Lo que Europa necesita de verdad
Schmit sostiene que el propio sector de los cuidados ilustra hasta qué punto está en juego algo esencial. "Sin inmigración, en estas sociedades envejecidas, no podemos cubrir realmente los servicios en el ámbito de los cuidados", afirma.
Y no se trata solo de puestos poco cualificados. Europa también sufre escasez de personal en ingeniería, tecnologías de la información y en los sectores de la transición ecológica y digital, ámbitos cruciales para la competitividad a largo plazo del continente.
La receta de De Lange para la próxima década se centra en los procedimientos y los derechos: procesos armonizados y acelerados de visado y reconocimiento de cualificaciones, listas de ocupaciones deficitarias que permitan agilizar las solicitudes y una mejor protección para los trabajadores que ya están en el sistema.
"Los trabajadores migrantes deberían tener una aplicación que les diera acceso a toda la información sobre sus derechos y les ayudara a evitar abusos", sostiene. Schmit reclama además una reforma global y transparente que incluya la cooperación con los países de origen en formación de capacidades, remesas y migración circular. "Esto es lo que Europa necesita, esto es lo que tenemos que hacer mejor", dice. "Tiene que ser beneficioso para ambas partes, no puede favorecer solo a un lado".
La trampa política
La aplicación del Pacto de Migración y Asilo ya se está encontrando con dificultades. Un informe de la Comisión de 8 de mayo concluye que, aunque la voluntad política es elevada, la ejecución práctica va por detrás. Los sistemas informáticos para el seguimiento de migrantes y los centros de detención en frontera acumulan retrasos en Alemania, Italia, Grecia, España y Chipre.
El problema de fondo no es logístico. Es que la política europea se ha encerrado en un debate sobre la migración irregular, que "representa menos del diez por ciento de las llegadas", según Schmit.
La cuestión, mucho más amplia y decisiva, de cómo organizar la migración laboral queda relegada a un segundo plano. En opinión de Schmit, es una elección que Europa no puede seguir haciendo: "Tenemos que subrayar los aspectos claramente positivos de la migración y no centrarnos solo en los que pueden no serlo tanto".