El referéndum sobre la adhesión de Islandia a la UE planteó a los votantes varias cuestiones importantes, pero también una serie de afirmaciones poco claras.
La incertidumbre en torno a las cuotas de pesca puede haber llevado a muchos votantes islandeses a mostrarse reticentes a iniciar el camino hacia la adhesión a la Unión Europea. El país rechazó el 29 de agosto reanudar las negociaciones con Bruselas, con un 52,8%, y las conversaciones entre ambas partes permanecen suspendidas desde 2013.
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La campaña fue muy intensa y, como en muchas votaciones públicas cruciales en los últimos años, también estuvo marcada por la difusión de afirmaciones inexactas en internet y en los medios. Una de ellas tenía que ver con el principal escollo del referéndum, el sector pesquero.
Algunos medios informaron de conversaciones entre la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir y el primer ministro neerlandés Rob Jetten sobre una exención específica de la Política Pesquera Común de la UE.
Según esas informaciones, Gunnarsdóttir afirmaba que se habían tratado esas exenciones y que el Gobierno neerlandés había rechazado tajantemente su versión de los hechos. Sin embargo, Gunnarsdóttir después desmintió esas afirmaciones, lo que llevó a la prensa a admitir que la historia se había contado de forma muy inexacta.
Aun así, el asunto tocó una fibra sensible, el control de los caladeros está férreamente protegido en Islandia, hasta el punto de que provocó una serie de enfrentamientos entre Islandia y el Reino Unido en las décadas de 1950 y 1970, conocidas como las Guerras del Bacalao.
La entrada en la UE probablemente implicaría ceder parte de sus cuotas bajo la Política Pesquera Común, aunque no hay consenso sobre cuánto exactamente tendría que renunciar Islandia.
Algunos expertos sostienen que esa cesión sería mínima y afectaría sobre todo a especies pelágicas (como arenques, sardinas o caballas) que migran por el mar y no permanecen de forma permanente en aguas islandesas.
Sin embargo, no haber afrontado pronto este asunto delicado puede haber enfriado el entusiasmo de los votantes por la adhesión a la UE, según el experto en relaciones internacionales Arno Minasian.
"Islandia tampoco llegó a negociar pesca y agricultura en 2009", explicó al equipo de verificación de Euronews, The Cube. "La UE e Islandia en realidad nunca abordaron esos capítulos, lo cual es preocupante, porque son los capítulos realmente grandes e importantes para Islandia".
Alrededor del 4% de la población activa de Islandia trabaja en el sector pesquero, que representa aproximadamente el ocho por ciento de su PIB. "Así que la pesca tiene un gran peso económico y político", añadió Minasian.
"Si Islandia y la UE ni siquiera pueden empezar a negociar esto, es poco realista pensar que los islandeses aceptarían imponer estas cuotas a través de la Política Pesquera Común", señaló.
Todas las obligaciones, ¿ningún beneficio?
Otra afirmación engañosa se refería a los derechos de Islandia vinculados a la UE pese a no ser Estado miembro. Algunos, como el ex primer ministro Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, sostuvieron que, dado que Islandia ya forma parte del Espacio Económico Europeo, disfruta ya de todos los beneficios de ser miembro de la UE.
Gunnlaugsson, hoy líder del Partido de Centro, añadió que ingresar en la UE solo supondría asumir desventajas y obligaciones, sin beneficios adicionales.
Aunque es cierto que, como miembro del Espacio Económico Europeo, Reikiavik ya sigue buena parte de las reglas económicas de la UE, al no pertenecer a la Unión en sí no tiene asiento en la mesa cuando se fijan esas normas.
Islandia no tiene votos en el Parlamento Europeo ni un papel en la Comisión Europea. También queda al margen de determinadas subvenciones y fondos de la UE, por citar solo algunos ejemplos. En cuanto al coste de acceder a la UE, los dos bandos manejaron cifras muy distintas.
El frente del "no" llegó a situar la cifra en 1.000 millones de euros al año, mientras que destacados partidarios de la adhesión a la UE sostenían que sería de algo más de 50 millones de euros.
Esta última estimación parece mucho más cercana a la realidad, según un estudio del grupo de expertos independiente Evropustraumar, que calcula que el coste neto de la adhesión de Islandia a la UE sería de en torno a 60 millones de euros al año.