Mientras las instituciones de la UE prueban la inteligencia artificial para gestionar cargas de trabajo crecientes, muchas capitales aún carecen de personal, herramientas y redes de interlocutores para seguir el ritmo de Bruselas.
El debate sobre la necesidad de que la UE acelere su proceso de toma de decisiones, limite el recurso al veto y refuerce su marco institucional no es nuevo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Esta brecha es cada vez más también tecnológica, ya que las instituciones de la UE experimentan con herramientas de inteligencia artificial para gestionar su carga de trabajo, mientras muchas capitales siguen rezagadas en hacer lo mismo.
Sin embargo, rara vez se debate si los Estados miembros de la UE están manteniendo el ritmo de la creciente velocidad legislativa de la Unión o si son capaces de reflejar de forma eficaz sus posiciones nacionales.
Si bien la Comisión Europea estudia el envío de funcionarios a las capitales de los Estados miembros para reforzar su influencia local y el conocimiento de sus políticas, los Estados miembros no están haciendo lo mismo en lo que respecta a su propia representación en Bruselas.
Conflictos interinstitucionales
La dimensión, por supuesto, no lo es todo. Algunos Estados miembros pequeños de la UE son eficaces pese a contar con burocracias más reducidas, pero la mayoría afronta una amplia serie de problemas por su enfoque obsoleto de los asuntos europeos.
El problema abarca desde la falta de personal y las dificultades para contratar y retener talento, hasta la mala coordinación entre las Representaciones Permanentes (PermReps) y las capitales de los Estados miembros, la ausencia de un enfoque horizontal en la gestión de las políticas de la UE a nivel ministerial y la incapacidad de adoptar nuevas soluciones tecnológicas cuando las restricciones presupuestarias o políticas impiden aumentar las plantillas.
En última instancia, esto lleva a que algunos Estados miembros actúen como simples observadores y reaccionen, en lugar de participar activamente en el proceso legislativo de la UE.
Para estos países, resultar proactivos a la hora de influir en la agenda legislativa de la UE es sencillamente impensable.
Ahora que el debate sobre el Mercado Único y la evolución de la UE hacia una federación pragmática gana relevancia, los Estados miembros, en especial los más pequeños, deberían seguir las mejores prácticas de los países más eficaces e incluso de las propias instituciones europeas y reforzar su representación en las cuestiones de política europea.
Lo que está en juego
Los representantes de los Gobiernos nacionales participan en unos 140 comités y grupos de trabajo en Bruselas, que abarcan una amplia gama de políticas que afectan a sus economías, sus sectores industriales y sus ciudadanos.
Y con la creciente velocidad legislativa de la UE, los métodos que funcionaron en el pasado pueden dejar de ser adecuados para el presente o el futuro.
La dimensión exacta y el mandato de las Representaciones Permanentes de los países en Bruselas son notoriamente difíciles de seguir, pero según un informe de 2019 del centro de estudios danés Europa, las plantillas oscilaban entre 69 y 200 representantes, según el Estado miembro.
De acuerdo con ese informe de 2019, los países de Europa occidental como Alemania, Francia, Bélgica y Austria encabezaban la lista con entre 150 y 200 empleados; el grupo intermedio , Rumanía (que en aquel momento presidía el Consejo de la UE), el Reino Unido, Italia, España, los Países Bajos, Suecia, Polonia, Chequia, Finlandia e Irlanda , contaba con entre 103 y 147 empleados.
El tercer grupo , formado sobre todo por Estados miembros más pequeños o de Europa del Este como Lituania, Portugal, Hungría, Eslovaquia, Luxemburgo, Croacia, Dinamarca, Estonia, Chipre, Eslovenia y Letonia , disponía únicamente de entre 69 y 89 empleados, es decir, dos o tres veces menos que sus homólogos occidentales.
Aunque tamaño no equivale a calidad, los países infrarrepresentados suelen tener dificultades para influir de forma significativa en los asuntos de la UE.
Este déficit de personal resulta especialmente visible durante sus presidencias del Consejo de la UE, cuando es difícil contratar talento externo y los equipos centrales están sobrecargados.
Ecosistemas desiguales de actores en la UE
Las agendas de los responsables políticos en los países democráticos se ven naturalmente impulsadas e influenciadas también por sus votantes, representados por las organizaciones empresariales, expertos individuales, líderes de opinión y el sector no gubernamental.
Sin embargo, cuando se trata de asuntos de la UE en Estados miembros con ecosistemas limitados, la conexión entre las políticas europeas y los distintos actores es débil.
Como consecuencia, los responsables políticos rara vez reciben a tiempo comentarios constructivos cuando más los necesitan, lo que les obliga a tomar decisiones únicamente sobre la base del diálogo entre instituciones o de contactos muy limitados con unos pocos actores proactivos.
Aunque la escasa disposición del sector privado europeo hacia un enfoque filantrópico con las ONG y la falta de una lógica basada en ecosistemas en las asociaciones empresariales de toda la UE merecerían un artículo propio, los Estados miembros más pequeños son los que más sufren.
En estos países, los sectores industriales son más reducidos y las asociaciones empresariales nacionales se ven obligadas a funcionar a menudo como grandes paraguas para poder sobrevivir, lo que limita su especialización. Además, unos medios de comunicación también más pequeños carecen de capacidad para cubrir de forma proactiva y contextual los asuntos de la UE.
La calidad del debate público sobre las políticas europeas en los Estados miembros pequeños es baja, tardía en el mejor de los casos, inexistente en el peor.
Con mucha frecuencia, la discusión pública sobre la legislación de la UE solo empieza durante la fase de transposición, una etapa en la que los cambios son muy limitados. En consecuencia, el debate sigue siendo superficial, atrapado entre las notas de prensa oficiales y pulidas de la UE y un enfoque derrotista, excesivamente crítico y pesimista.
Mecanismos de consulta de la UE e Irlanda a seguir
Aunque los mecanismos de consulta a las partes interesadas de la UE, como la plataforma "Have Your Say", reciben su dosis de críticas, siguen siendo modelos inclusivos y transparentes que deberían reproducirse a nivel de los Estados miembros.
Países como Irlanda ya han replicado este planteamiento mediante sistemas de consulta pública abiertos y transparentes.
En Irlanda se invita a distintos actores a compartir sus opiniones no solo sobre las prioridades de la presidencia del país en la UE, sino también sobre expedientes legislativos concretos que están en el centro del debate europeo, como la reciente petición de comentarios de Irlanda sobre la Ley de Redes Digitales de la UE.
Aunque algunos puedan temer que el sector público nacional no sea capaz de gestionar opiniones divergentes, con el riesgo de provocar más caos, los métodos tradicionales de consulta pública utilizados por la mayoría de los países, como las mesas redondas y las reuniones ad hoc, son claramente ya ineficaces.
La creación de nuevos marcos que permitan a todas las partes interesadas, independientemente del grado de polarización de sus perspectivas, expresar públicamente sus puntos de vista sobre los asuntos europeos reforzaría la transparencia, incrementaría la rendición de cuentas de los responsables políticos, consolidaría la confianza en las instituciones nacionales y europeas y fomentaría en general la implicación y el interés por las cuestiones de la UE.
Qué es posible más allá de aumentar el personal
El argumento de que la burocracia ya es excesiva resulta difícil de rebatir, sobre todo en países con un enfoque más austero del gasto público y la deuda.
Sin embargo, los asuntos europeos no son un ámbito en el que los Gobiernos deban recortar costes, máxime ahora que la UE avanza hacia un Mercado Único más integrado, con normas armonizadas y menos Directivas, que anteriormente permitían cierta flexibilidad para las necesidades y perspectivas locales.
Los datos disponibles sobre el número de empleados en las instituciones europeas deberían bastar por sí solos como argumento para que los ministerios de Hacienda y los escépticos comprendan que la elaboración de leyes en la UE es amplia, compleja y requiere una inversión suficiente para poder participar de forma constructiva.
Ahora bien, la mera asignación de más recursos para personal o la creación de plataformas de consulta a las partes interesadas distan mucho de ser soluciones mágicas.
Otros desafíos, como la escasa coordinación horizontal entre ministerios, la incapacidad de preservar la memoria institucional y la falta de tiempo, pueden abordarse también desde una perspectiva tecnológica, que vaya desde soluciones de inteligencia artificial a medida, una gran oportunidad para la tecnología europea, hasta otros recursos.
Más importante aún, empezar a trabajar en estas herramientas, recopilar datos relevantes y definir estructuras administrativas llevará de forma natural a los países a replantearse su actual modus operandi en materia de asuntos europeos.
Por último, la reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre mejor regulación establece planes para introducir nuevas herramientas informáticas que mejoren la elaboración de leyes.
Según se informa, la Comisión quiere estar preparada para la inteligencia artificial, mientras que el Gobierno estonio está dando prioridad a la aplicación de la IA, también en el sector público, al máximo nivel político.
Todo apunta a que tanto las instituciones europeas como algunos Estados miembros han entendido que, si la inteligencia artificial mejora la productividad laboral y ahorra tiempo en el sector privado, debería ser igual de útil en el sector público, tanto en casa como en Bruselas.
Esta información se publicó originalmente en EU Tech Loop (fuente en inglés) y se ha compartido en 'Euronews' como parte de un acuerdo de sindicación.