Los grandes nombres de la industria farmacéutica fueron acusados de incumplir la normativa para prevenir la escasez de medicamentos. Tendrán que pagar multas por un total de unos ocho millones de euros.
PUBLICIDADEn un momento en el que la escasez de medicamentos afecta a numerosos países europeos, la autoridad francesa de medicamentos (ANSM) ha vuelto a dar un paso adelante, anunciando el martes la imposición de fuertes sanciones económicas de unos 8 millones de euros a una decena de laboratorios franceses acusados de incumplir la ley. En virtud de una ley aprobada en 2020 (cuyas sanciones se incrementaron en 2022), la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Medicamentos puede imponer sanciones económicas en caso de incumplimiento "con el fin de garantizar el acceso de los pacientes a los medicamentos".
En sus deliberaciones, la ANSM explica que abrió una investigación el año pasado tras notificar el desabastecimiento (o riesgo de desabastecimiento) de unos 5.000 medicamentos, seis veces más que en 2018. La legislación francesa obliga ahora a los laboratorios a mantener un stock mínimo de seguridad de cuatro meses para los medicamentos de mayor interés terapéutico (MITM) con el fin de garantizar su suministro.
Tras una investigación contradictoria sobre 422 MITM, la Agencia Francesa del Medicamento descubrió que 11 laboratorios no cumplían con sus obligaciones con respecto a una treintena de medicamentos (hipertensivos, anticancerígenos, neurología, etc.). Entre los laboratorios multados figuran grandes marcas como Biogaran, Sandoz y Viatris. Aunque no se han revelado los detalles de las multas, las mayores sanciones se impusieron a Biogaran, principal proveedor de medicamentos genéricos.
No es la primera vez que la ANSM impone sanciones económicas: el año pasado, los laboratorios fueron multados con 560.000 euros, según la Agencia. Aunque las causas de la escasez de medicamentos varían de un país a otro, muchos siguen viéndose afectados. Tanto es así que, a finales del año pasado, la Comisión Europea decidió introducir un mecanismo de solidaridad para que los Estados miembros de la UE con dificultades de abastecimiento pudieran pedir ayuda a otros países para compartir sus existencias. Esta iniciativa ha sido bien acogida por las asociaciones, pero no es jurídicamente vinculante.