Álvaro García Ortiz ha presentado su dimisión tras recibir una condena de dos años de inhabilitación y una multa por un delito de revelación de secretos.
Álvaro García Ortiz ha presentado su dimisión como fiscal general del Estado tras la reciente condena dictada por el Tribunal Supremo la semana pasada. Iniciado el proceso de relevo, su salida se produce en un momento de fuerte presión institucional.
En la carta enviada al ministro Félix Bolaños, García Ortiz señala que adelanta su salida antes de que el Tribunal Supremo ejecute su inhabilitación por "profundo respeto" a las resoluciones judiciales y por su voluntad "siempre presente de proteger a la Fiscalía española". Asegura que, aunque su decisión "deriva directamente del fallo notificado", se marcha con la convicción de haber servido a la institución "con vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".
El cese no será efectivo hasta que el Consejo de Ministros lo apruebe, previsiblemente este martes, y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Aunque podría haberse mantenido en el cargo hasta que el Supremo emita la sentencia completa con los argumentos de su condena, el fiscal general ha decidido anticipar su salida acogiéndose al artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite el cese "a petición propia".
Ahora le corresponderá al Gobierno designar a un nuevo jefe del Ministerio Público, el cuarto desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en junio de 2018. Antes de García Ortiz, ocupaban el cargo María José Segarra y Dolores Delgado, quien también renunció, aunque en su caso fue debido a problemas de salud.