Una nueva ley migratoria de la UE permitirá centros de retorno fuera del bloque y registros domiciliarios a migrantes irregulares para endurecer el control. ONG y colectivos civiles denuncian un giro xenófobo en la política europea.
La UE y el Parlamento Europeo acordaron este lunes una controvertida ley destinada a acelerar el retorno de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa, lo que supone el giro más duro en la política migratoria del bloque en décadas.
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Los responsables políticos sostienen que el llamado Reglamento de Retorno es clave para acelerar las repatriaciones y constituye la piedra angular de la ofensiva de la UE contra la migración irregular.
También refleja un cambio político más amplio en Europa, con los conservadores, a veces respaldados por la extrema derecha, impulsando una línea más dura en materia migratoria.
Según las cifras oficiales, solo el 29% de los migrantes sin derecho legal a permanecer en Europa abandona la UE.
"Se trata de un paso realmente muy importante para garantizar que tenemos control sobre lo que ocurre en la UE, sobre quién entra pero también sobre quién tiene que abandonar la UE", declaró a la prensa el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, al término de las conversaciones.
En el núcleo de la ley figura una disposición que permite a los países de la UE establecer centros de deportación fuera del bloque, conocidos como centros de retorno, siempre que firmen un acuerdo con un país no perteneciente a la UE.
"El siguiente paso es trabajar más en la diplomacia migratoria junto con los países terceros", dijo Brunner, evitando mencionar posibles países en los que ubicar estos centros de retorno.
Estos centros podrán ser tanto lugares de tránsito como lugares donde se prevea que una persona permanezca, lo que supone un cambio significativo respecto a las normas actuales.
En la actualidad, la mayoría de los migrantes solo pueden ser devueltos a su país de origen o a un país con el que mantengan una vinculación demostrada. Con el nuevo sistema ese requisito desaparecerá. Solo los menores no acompañados quedarán exentos de ser enviados a un centro de retorno, mientras que las familias con niños podrán ser trasladadas a estos centros.
Algunos países de la UE ya trabajan para identificar posibles países socios donde ubicar futuros centros de retorno. Alemania, los Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia se aliaron el pasado mes de marzo para poner en marcha este controvertido proyecto, mientras que Italia ya aplica un esquema similar en Albania, con dos centros que en conjunto albergan a menos de 100 migrantes.
La ley también permite a los países de la UE registrar el "lugar de residencia u otros locales pertinentes" de los migrantes en situación irregular, una previsión que las ONG y la sociedad civil comparan con las conocidas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
"La disposición es vaga a propósito, para permitir una interpretación amplia en los distintos Estados miembros. Abre la puerta a redadas en domicilios y también en las sedes de asociaciones que ayudan a migrantes y en centros sanitarios", explicó a 'Euronews' Eleonora Celoria, de Asgi, una asociación italiana de juristas.
Aunque reconoce que en muchos Estados miembros la policía seguirá necesitando una orden judicial para entrar en domicilios privados, califica la ley de "preocupante", ya que puede animar a las autoridades a ampliar sus poderes.
Otras disposiciones prevén periodos de detención más largos, vetos de entrada más duros y nuevas facultades para localizar a los migrantes en situación irregular.
El periodo máximo de detención legal para los migrantes en situación irregular que esperan ser devueltos pasa de seis meses a dos años, con la posibilidad de una prórroga de seis meses y una duración ilimitada para las personas consideradas un riesgo para la seguridad.
Los vetos de entrada también se endurecerán de forma significativa, pasando de cinco a 10 años en la mayoría de los casos, con la posibilidad de vetos de por vida para quienes se consideren una amenaza para la seguridad.
Otro cambio afecta a los recursos. Actualmente, las deportaciones se suspenden automáticamente mientras están pendientes los recursos judiciales, pero la nueva ley pondrá fin a esa protección automática y dejará en manos de los tribunales, caso por caso, la decisión de si deben paralizar una orden de retorno.
El reglamento también introduce una Orden Europea de Retorno para facilitar el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los Estados miembros, aunque su aplicación será voluntaria.
El calendario de aplicación fue la cuestión más complicada en las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento. Según el acuerdo de compromiso, algunas disposiciones entrarán en vigor 12 meses después de la entrada en vigor del reglamento. El Consejo defendía inicialmente un plazo de dos años.
Las asociaciones de la sociedad civil y los eurodiputados de izquierdas han criticado el texto, que, aseguran, pondrá en peligro la vida de los migrantes y vulnerará los derechos fundamentales.
"El texto que se ha cerrado hoy es el resultado de un acuerdo vergonzoso, el arsenal jurídico al servicio de una ideología xenófoba está ahora completo", declaró a 'Euronews' la eurodiputada de los Verdes/ALE Mélissa Camara tras la conclusión de las conversaciones.
"Este reglamento creará un sistema draconiano de detención y deportación, desde mantener a personas en centros de internamiento de inmigrantes durante hasta 30 meses hasta separar a familias y enviar a personas a países que no conocen", afirmó Silvia Carta, responsable de incidencia política en Picum, una red de organizaciones que apoyan a los migrantes en situación irregular.
La ley deberá ser aprobada ahora formalmente por los eurodiputados y los países de la UE y podría entrar en vigor el mes que viene.