La cementera franco-suiza está siendo investigada por haber financiado, supuestamente, el terrorismo en Siria entre 2011 y 2015. Es sospechosa de haber pagado peajes y salvoconductos a los yihadistas para garantizar la seguridad de sus trabajadores locales y de sus mercancías.
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La Justicia francesa ha imputado a Lafarge por "complicidad con crímenes contra la humanidad" en Siria. La cementera franco-suiza está acusada de haber financiado, supuestamente, el terrorismo, poner en peligro a su personal sirio y no respetar el embargo. El gigante mundial está siendo investigado por haber desembolsado a su filial siria cerca de 13 millones de euros entre 2011 y 2015 para mantener la cementera que compró en Jalabiya, al norte de Alepo y Raqa. Con ese dinero, habría adquirido suministros y pagado peajes y salvoconductos a grupos yihadistas, incluido el autodenominado Estado Islámico, durante la guerra que desangra Siria.
La ONG Sherpa, que junto al Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales está en el origen de la denuncia, ha calificado de "histórica" la decisión de la Justicia, al crear un precedente en la lucha contra la impunidad de las multinacionales que operan en las zonas de conflicto.
Los magistrados han impuesto a la empresa una fianza de 30 millones de euros.