Polémica en Venezuela tras la muerte de un opositor en comisaría. El Gobierno dice que el concejal Fernando Albán, detenido por el atentado contra Maduro, se suicidó tirándose por una ventana del Servicio de Inteligencia. Para la oposición, ha sido un asesinato.
PUBLICIDADLa ONU investigará la muerte del concejal Fernando Albán, que se produjo mientras estaba detenido por su presunta implicación en el atentado de agosto contra Maduro, y lo incluirá en el informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en Venezuela. La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aseguró que están preocupados por su muerte, pero también por el hecho de que no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas, tal y como establece la ley venezolana.
"No es un suicidio, es un homicidio" gritan los manifestantes concentrados ante la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas.
Según el Gobierno venezolano, el político opositor se suicidó, lanzándose desde una ventana del décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas. El fiscal general, Tarek Saab, ha dicho que Albán solicitó ir al baño y estando allí, "se lanzó al vacío".
Pero ni la oposición ni la familia del fallecido creen esa versión. Amigos, abogados, diputados y otras personas se han concentrado ante el edificio para exigir respuestas.
El partido opositor Primero Justicia, de Julio Borges y Henrique Capriles, afirma que el concejal fue "asesinado" por el régimen de Nicolás Maduro.
Julio Borges, exiliado en Colombia, ha reaccionado en un vídeo difundido por las redes sociales en el que asegura que Albán "fue lanzado sin vida desde el edificio". También afirma que el concejal estaba siendo muy presionado para que incriminara a otra gente en el atentado.
El dos veces candidato a la presidencia, Henrique Capriles, asegura que quienes conocieron a Albán saben "que nunca podría haber actuado contra su vida". La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, considera que esta muerte es "una muestra más del talante criminal del régimen madurista", mientras el diputado Henrique Ramos Allup, tacha de "inversosímil la versión oficial".
Incluso la Arquidiócesis de Caracas ha exigido que se exclarezca su muerte, poniendo en duda su suicidio al insistir en que era un "hombre con sólidos valores cristianos". El Parlamento, controlado por la oposición, ha anunciado que va a impulsar una investigación independiente.
Ya hace unos días que el general Raúl Isaías Baduel, que también está preso, señaló que había "rumores" de que alguien había muerto en la sede del Servicio de Inteligencia.
El atentado fallido con drones contra el presidente Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de agosto durante un acto militar en Caracas, dio pie a al menos 14 detenciones, que muchos han interpretado como una campaña gubernamental para criminalizar a la oposición.