La sociedad chilena se encuentra dividida acerca del futuro político del país. Gran parte de la población aclaman por desechar la Carta Magna redactada en los tiempos de dictadura, mientras que otros buscan además un cambio radical en la clase política, comenzando por el presidente mismo.
PUBLICIDADLos ánimos en las calles chilenas no compaginan con la sonrisa de victoria del presidente Sebastián Piñera, cuando el pasado viernes convocó oficialmente el 'Plebiscito Nacional 2020', donde los ciudadanos del país latinoamericano tendrán que decidir si quieren la redacción de una nueva Constitución y de qué manera se llevaría a cabo las posibles modificaciones.
Aunque muchos podrían denominar como un triunfo, las manifestaciones y los enfretamientos violentos con los carabineros continúan en gran parte de la capital.
La sociedad chilena se encuentra dividida acerca del futuro político del país. Gran parte de la población aclaman por desechar la Carta Magna redactada en los tiempos de dictadura, mientras que otros buscan además un cambio radical en la clase política, comenzando por el presidente mismo. Igualmente, hay quiénes solo prefieren una de las dos opciones en cuestión.
Pero Piñera ha dejado claro en su discurso que su Gobierno está dispuesto a seguir la corriente que pide un proceso constituyente.
Las dos opciones entre las que se podrá elegir son una "convención mixta", formada a partes iguales por los actuales parlamentarios y ciudadanos electos; o una "convención constituyente", integrada solo por personas escogidas únicamente para ese fin.
La encuesta popular fue fijada para el 26 abril, en donde podrán participar 14,4 millones de chilenos inscritos en el padrón electoral.
Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito con voto obligatorio.
La crisis social en Chile es la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), dejando hasta el momento más de 24 víctimas mortales, miles de heridos y cientos de torturados a manos de las fuerzas del orden, según reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El desencanto de la población con el modelo económico y social del antiguo "osasis latinoamericano" se ha volcado en gran parte en la construcción del texto jurídico puesto que otorga al Estado un rol "subsidiario" (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.