La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, podría seguir operativa hasta 2030, tras el compromiso del Gobierno de España de tramitar una prórroga de tres años en cuanto las propietarias formalicen la solicitud.
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El Gobierno de España ha manifestado su disposición a tramitar una prórroga de tres años para la central nuclear de Almaraz, en la provincia extremeña de Cáceres, extendiendo su operación hasta 2030, siempre que las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) presenten formalmente la solicitud correspondiente, según ha comunicado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de acuerdo con declaraciones de la portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña.
En una rueda de prensa, Gil destacó que el calendario de cierre de la planta, inicialmente previsto para 2027 y 2028, fue acordado por las propias empresas con el Ejecutivo, por lo que corresponde a esas entidades solicitar oficialmente la extensión de la actividad. Recientemente, las compañías habían expresado su intención de pedir la prórroga, argumentando cambios en las condiciones técnicas y del sistema eléctrico que justifican la revisión de las fechas de cierre.
Apoyo y críticas a la energía nuclear
En paralelo, representantes empresariales de Extremadura y Madrid han visitado la central para mostrar su apoyo a su continuidad, subrayando la importancia de la energía nuclear para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico y mantener precios razonables.
Sin embargo, la posible prórroga ha generado críticas por parte de Unidas por Extremadura y algunas organizaciones ecologistas que consideran que la planta requiere inversiones significativas para garantizar su seguridad. Han expresado su preocupación por una reciente parada no programada en el reactor de la Unidad I debido a un fallo en un transmisor.
La central nuclear de Almaraz es una de las principales fuentes de empleo en la región, generando cerca de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y su producción energética representa aproximadamente el 7% de la demanda eléctrica nacional.
La decisión final sobre la prórroga dependerá de la solicitud formal por parte de las empresas propietarias y de la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear.