Se ha aplazado la decisión sobre el traslado del hijo de Juana Rivas, según el Ministerio de Infancia y Juventud. Por el momento se respeta la decisión del menor que durante el proceso de entrega aplazado ha manifestado que no quería ir a Italia.
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Juana Rivas, la madre granadina conocida por su prolongado conflicto judicial por la custodia de sus hijos, iba a entregar este martes a su hijo menor, Daniel, de 11 años, al padre, el italiano Francesco Arcuri, en cumplimiento de una orden judicial irrevocable. La entrega se iba a producir en un momento de gran carga emocional, marcado por las lágrimas tanto de Rivas como del menor, visiblemente afectados por la separación.
El Tribunal Constitucional había desestimado el recurso como último intento por parte de Rivas de evitar la ejecución de la sentencia, que se basa en resoluciones tanto de la Justicia española como de la italiana. Ambas han ratificado la custodia exclusiva a favor del padre, que reclama desde 2017 la devolución del niño, pero sobre las 14:30 de la tarde la Justicia ha decidido un aplazamiento, según ha señalado el Ministerio de Infancia y Juventud.
La orden, tramitada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, activó el mecanismo europeo de cooperación judicial para coordinar la entrega. En paralelo, el Tribunal de Apelación de Cagliari (Italia) reafirmó la validez de la custodia exclusiva otorgada previamente a Arcuri. Según el auto judicial, no existían circunstancias excepcionales que justificaran el incumplimiento de las sentencias italianas, plenamente válidas en territorio español.
Una batalla judicial de más de una década
El caso de Juana Rivas comenzó en 2009, cuando denunció a Arcuri por malos tratos. Él fue condenado entonces a tres meses de prisión y a una orden de alejamiento. Años después, retomaron su relación, tuvieron a su segundo hijo, Daniel, y se establecieron en Italia. En 2016, Rivas regresó a España con sus hijos y presentó nuevas denuncias por violencia de género, archivadas por la Justicia italiana.
Desde entonces, el conflicto legal por la custodia ha sido constante. En 2018, Rivas fue condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores al negarse a devolver a sus hijos. La sentencia provocó una amplia movilización social y culminó con un indulto parcial del Gobierno español en 2021.
Sin embargo, la última resolución conjunta de las autoridades judiciales españolas e italianas, junto con la negativa del Constitucional a aceptar nuevos recursos, ha forzado a Rivas a entregar finalmente al menor.
Rivas ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de una perspectiva de género en el tratamiento judicial de su caso. No obstante, los tribunales insisten en que las decisiones se han adoptado en base al interés superior del menor y conforme a las normativas internacionales de custodia.