Juana Rivas entrega a su hijo menor al padre por orden judicial, tras días de tensión y protestas. El caso reabre el debate sobre la violencia vicaria y la protección de los menores en conflictos familiares internacionales.
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Este viernes, Juana Rivas entregó finalmente a su hijo menor a su padre, Francesco Arcuri, cumpliendo una orden judicial que había sido ratificada días antes. La entrega se produjo en los juzgados de Granada bajo un dispositivo especial para proteger la privacidad y el bienestar emocional del menor.
El proceso ha estado marcado por una fuerte carga emocional y tensión mediática, especialmente tras el intento fallido de entrega del martes anterior, cuando el niño se negó a irse con su padre. Los informes psicológicos advirtieron de los posibles impactos emocionales que podría tener el traslado, y tanto el equipo legal de Rivas como varios sectores políticos pidieron mayor protección. El Constitucional inadmitió el recurso de Rivas y confirmó la validez de la decisión judicial, respaldando el procedimiento acordado entre los sistemas judiciales español e italiano.
Paralelamente, el hermano mayor del menor, Gabriel Arcuri, envió una carta pública en la que denuncia presiones psicológicas sobre su hermano y pide que se suspenda la entrega, argumentando que la seguridad y el bienestar del niño están en riesgo.
Por otra parte, el caso está marcado también por un proceso judicial paralelo en Italia, donde Francesco Arcuri enfrenta un juicio por presuntos malos tratos hacia sus hijos, previsto para septiembre. Estas denuncias complican aún más la situación, que sigue bajo escrutinio tanto en España como en Italia, mientras las autoridades y defensores de los derechos de la infancia insisten en la necesidad de proteger la voz y los intereses del menor durante todo el procedimiento.
El caso ha generado una amplia repercusión mediática y política en España, con diversas organizaciones sociales y políticas expresando su preocupación por el bienestar del menor y la aplicación de la justicia en casos de violencia de género. Además, se ha señalado la necesidad de revisar los protocolos judiciales en casos de custodia internacional, para garantizar que se priorice el interés superior del menor y se eviten situaciones de vulnerabilidad emocional. Mientras tanto, Rivas sigue enfrentando cargos por sustracción de menores, después de que ocultase a sus hijos en 2017 para evitar entregárselos al padre, y su equipo legal continúa recurriendo en instancias superiores.
Por otro lado, se ha destacado la importancia de una cooperación efectiva entre los sistemas judiciales de diferentes países, en este caso entre España e Italia, para resolver disputas de custodia de manera justa y equitativa.