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La Policía investiga una nueva filtración de datos de Pedro Sánchez y de varios de sus ministros

El líder del Partido Socialista de España, Pedro Sánchez, escucha una pregunta durante una rueda de prensa tras su reunión con el rey Felipe VI, el 26 de abril de 2016..
El líder del Partido Socialista de España, Pedro Sánchez, escucha una pregunta durante una rueda de prensa tras su reunión con el rey Felipe VI, el 26 de abril de 2016.. Derechos de autor  AP
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Por Rafael Salido
Publicado Ultima actualización
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La Policía y la Audiencia Nacional investigan una tercera filtración de datos sensibles del presidente del Gobierno de España, así como de varios ministros y altos cargos de seguridad, difundidos a través de Telegram.

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La Policía Nacional y la Audiencia Nacional investigan una nueva filtración de datos personales y sensibles que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según medios locales. La información fue difundida a través de un canal de Telegram por el presunto hacker N4T0X, que se ha atribuido la acción.

El caso está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, que ha declarado secretas las diligencias, aunque el procedimiento será reasignado a otro juzgado de forma definitiva. Se trata de la tercera filtración registrada desde junio, cuando se difundieron datos de ministros como María Jesús Montero o Fernando Grande-Marlaska, así como de exdirigentes del Partido Popular.

En julio, la Policía ya detuvo en Las Palmas a dos jóvenes vinculados a una acción similar en la que se publicaron domicilios, teléfonos, números de DNI y correos electrónicos de responsables políticos y de implicados en el caso Koldo.

Las autoridades investigan si en esta ocasión los datos filtrados afectan también a los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Mercedes González, respectivamente, además de otros altos cargos del Ejecutivo.

Posible delito de terrorismo

La Audiencia Nacional investiga las anteriores filtraciones bajo la tipificación de delitos de terrorismo o contra altas autoridades del Estado, dada la gravedad de la exposición de información sensible en un contexto de creciente preocupación por la ciberseguridad institucional en España.

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