El Gobierno de Meloni se centra en los puntos críticos internos y externos, la gestión de la primera acogida y los acuerdos con los países de salida, mientras se pone a prueba el nuevo mecanismo de la UE
Italia, junto con España, Grecia y Chipre, está en el centro del primer informe anual de la Comisión sobre el Pacto de Migración y Asilo, que mide la presión migratoria sobre los Estados miembros y define quiénes pueden solicitar ayuda a otros países de la UE.
Según el mecanismo, Italia figura entre los países con un "nivel desproporcionado de llegadas", a pesar de que los desembarcos irregulares en la UE han descendido un 35% respecto al año anterior.
La Comisión prevé tres modalidades de contribución: reubicación de inmigrantes, ayuda financiera o apoyo operativo y técnico a terceros países. Sin embargo, las modalidades concretas sólo se harán oficiales tras su aprobación por el Consejo de la UE.
El Gobierno de Meloni dirige la política migratoria italiana con un planteamiento centrado en la primera acogida estructurada, el refuerzo de los puntos críticos y la cooperación con los países de salida y tránsito.
El sistema de doble acogida en Italia
A nivel nacional, Italia ha consolidado un sistema de acogida en dos niveles. La primera acogida tiene lugar inmediatamente después de la llegada de los migrantes a los puntos críticos, donde se garantiza la asistencia material y médica y se completan los procedimientos de identificación. Posteriormente, los migrantes son trasladados a las estructuras territoriales de las prefecturas, donde reciben servicios esenciales a la espera de que se defina la solicitud de protección internacional.
El segundo nivel de acogida está destinado a los titulares de protección internacional y a los menores no acompañados. Aquí, las autoridades locales participan voluntariamente en la red de proyectos, en colaboración con el tercer sector, para ofrecer itinerarios de integración.
La distribución de los recursos se gestiona a través del Fondo Nacional para Políticas y Servicios de Asilo y cada proyecto es evaluado por una comisión, compuesta por representantes del Ministerio del Interior, un representante de la Asociación Nacional de Municipios Italianos (ANCI) y un representante de la Unión de Provincias Italianas (UPI). También forman parte de la comisión un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y un representante de las regiones.
Presión sobre los países fronterizos
Históricamente, Italia se ha enfrentado a los límites del Reglamento Dublín III, que obliga a los países de primera entrada a gestionar las solicitudes de asilo. Como país mediterráneo fronterizo, Italia se ha enfrentado a flujos concentrados y recurrentes, a menudo sin un mecanismo eficaz de redistribución entre los Estados miembros.
Esta situación generó controversias internas y tensiones con Bruselas, lo que llevó a los sucesivos gobiernos a buscar soluciones bilaterales y flexibilidad en la gestión de los migrantes según Dublín.
Acuerdos bilaterales y puntos calientes externos: el caso de Libia
El gobierno de Meloni ha intensificado los acuerdos bilaterales con Libia, Túnez y Albania, destinados a prevenir las salidas irregulares, combatir a los traficantes y facilitar los retornos.
Se ha prestado especial atención a los puntos calientes externos, como los previstos en Albania,diseñados para registrar y gestionar temporalmente a los migrantes antes de su eventual traslado a Italia.
El pacto Italia-Libia ha suscitado mucha polémica: ONG y asociaciones de derechos humanos denuncian las condiciones de los centros libios, a los que se acusa de violar derechos fundamentales y detener a migrantes en situaciones precarias y peligrosas. Las críticas también ponen de relieve el riesgo de que Italia sea percibida como cómplice de prácticas abusivas, a pesar de que el objetivo oficial es reducir los desembarcos y regularizar los flujos migratorios.
El reto del mecanismo de solidaridad de la UE
El nuevo mecanismo de solidaridad de la UE es una especie de prueba para Italia. La Comisión ha subrayado que la participación de los Estados miembros debe respetar el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Sin embargo, cualquier deficiencia en la gestión interna de las llegadas podría poner en peligro todo el sistema.
Para Italia, el reto es doble: seguir controlando los flujos mediante puntos críticos e instrumentos nacionales, garantizar la acogida y la integración y, al mismo tiempo, negociar eficazmente en el marco europeo la redistribución de los migrantes.
La estrategia italiana bajo el gobierno de Meloni sigue siendo rígida y selectiva, centrada en los controles, los 'hotspots' internos y externos, la redistribución y la cooperación internacional. Italia se enfrenta a un pacto de la UE que tendrá que demostrar que funciona en la práctica, especialmente en casos de alta presión migratoria como el Mediterráneo. El principal reto sigue siendo equilibrar seguridad, acogida y respeto de los derechos humanos, en un contexto europeo y mundial cada vez más complejo.