La Confederación Europea de Sindicatos ha declarado que los Estados miembros están dilatando la aplicación de la legislación comunitaria destinada a garantizar un salario digno para los trabajadores comunitarios.
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Quedan pocas semanas para agotar un plazo legislativo clave y hasta siete países de la Unión Europea ni siquiera han empezado a legislar sobre la nueva normativa con respecto al salario mínimo, según un nuevo estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
Las nuevas leyes de la UE, acordadas en junio de 2022 a raíz del aumento del coste de la vida, deben incorporarse a las legislaciones nacionales para entrar en vigor. Sin embargo, ni Francia, Italia, Portugal, Chipre, Estonia, Lituania o Malta han empezado a hacerlo, según la CES. "Los trabajadores ya han esperado dos años a que se aplique esta directiva y no deberían tener que esperar más", ha declarado Tea Jarc, secretario confederal de la CES. "La mayoría de los Gobiernos nacionales deberían dejar de dar largas al asunto y convertir por fin estas promesas en realidad", ha añadido.
La CES afirma que esta directiva podría beneficiar a unos 20 millones de trabajadores, pero considera que solo se ha implementado correctamente en algunos países.
Cuando los legisladores y los Gobiernos aprobaron las nuevas normas en junio de 2022, el comisario europeo Nicolas Schmit las aplaudió, afirmando que "ayudarán a garantizar que los trabajadores con un salario mínimo puedan permitirse una vida digna" en un momento de gran preocupación por el coste de la vida. Sin embargo, se enfrentaron a la oposición de Dinamarca y Suecia, donde la negociación colectiva está muy extendida pero no existe salario mínimo, y de las empresas, que temían costes adicionales.
Los salarios mínimos brutos en la UE varían mucho, desde los 477 euros al mes en Bulgaria a los 2.571 euros en Luxemburgo.
La normativa no obligan a los países a fijar salarios mínimos, pero los que lo hagan deben asegurarse de que disponen de un método sólido para determinarlos y actualizarlos. Por ejemplo, tomando como referencia al poder adquisitivo de su población.
La Comisión Europea es responsable de hacer cumplir la legislación de la UE y puede llevar a los tribunales a los Gobiernos que no adopten las medidas necesarias, aunque eso normalmente sólo ocurre una vez que ha vencido el plazo, en este caso el 15 de noviembre. En algunos casos, como el de Alemania, el Gobierno ha alegado que no necesita tomar medidas porque las leyes vigentes ya cumplen las normas comunitarias.