Lo que se asumía como una gestión técnica del riesgo es ahora un campo de batalla ideológico de la ultraderecha, cuyos líderes mediáticos aseguran que están siendo perjudicados por los bancos debido a sus ideas.
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Imagine entrar en su cuenta bancaria una mañana y encontrar todo congelado: tarjetas rechazadas, órdenes canceladas y sin posibilidad de acceder a sus ahorros. No son medidas antifraude: cada vez hay más personas y empresas "desbancarizadas", es decir, privadas de los servicios bancarios básicos.
En el sector financiero, esta práctica se denomina 'de-risking', que se da en el momento en el que los bancos cortan sus lazos con clientes o incluso con sectores enteros para evitar riesgos normativos o de reputación. Los motivos son variados: prevención de la delincuencia financiera, protección de los derechos políticos o los flujos comerciales... Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea están adoptando enfoques muy diferentes al respecto.
Estados Unidos: Trump VS el "capitalismo woke"
A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva destinada a impedir que los bancos denieguen servicios basándose en creencias políticas o religiosas. La orden prohíbe el uso del riesgo reputacional como justificación para cerrar cuentas y ordena a los reguladores bancarios que revisen las prácticas en un plazo de 180 días.
Sus partidarios afirman que la medida protege la libertad de expresión política y pone fin a la discriminación contra los conservadores, que afirman haber sido objeto de ataques desproporcionados. Pero los críticos advierten de que podría obligar a los bancos a seguir prestando servicios a clientes implicados en actividades que crean auténticos delitos financieros o riesgos para la seguridad.
Donald Trump ha acusado repetidamente a JPMorgan Chase y Bank of America de rechazar sus negocios tras su primer mandato como presidente por sus opiniones conservadoras y las de sus partidarios. El presidente afirma que JPMorgan le dio 20 días para cerrar su cuenta y que Bank of America rechazó un depósito importante suyo, aunque ambos bancos han negado haber actuado por motivos políticos.
Otro caso sonado fue el del Consejo Nacional para la Libertad Religiosa (NCRF), una organización fundada en 2022 que respalda votar en contra de proyectos de ley como la Ley de Igualdad, que prohíbe la discriminación por razones de sexo, identidad de género y orientación sexual "porque prohíbe las libertades religiosas".
Grupos como estos, especialmente si empiezan a ingresar grandes sumas en sus cuentas sin aportar suficientes antecedentes ni transparencia sobre sus donantes, pueden desencadenar respuestas automáticas de los bancos, preocupados por el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y sujetos a una mayor vigilancia.
Por eso, cuando se suspendieron las cuentas de la NCRF en JPMorgan Chase, probablemente no se debió a las creencias políticas de sus clientes. Los bancos son instituciones con ánimo de lucro cuyo objetivo es servir a una clientela amplia, pero fiable, por lo que atraer la atención política hacia su trabajo es literalmente una pesadilla para ellos. En una carta, el banco afirmó que el cierre se debía a que la documentación estaba incompleta, no a razones religiosas o políticas.
Sin embargo, la NCRF utilizó esta decisión para denunciar el "capitalismo woke" y lanzar una campaña nacional en Estados Unidos para limitar las decisiones, incluido el riesgo reputacional, y centrarse únicamente en los riesgos cuantificables como las cuestiones crediticias, operativas o de cumplimiento. En la práctica, es posible que los prestamistas tengan que revisar miles de cierres de cuentas anteriores, documentar las decisiones de forma más exhaustiva y, posiblemente, readmitir a clientes a los que antes habían cortado el grifo.
Reino Unido: El caso de Nigel Farage, el ideólogo del Brexit
En Gran Bretaña, el debate se vio impulsado por el caso entre el líder de Reform UK (y anteriormente de la ultraderechista UKIP, extinta tras el Brexit) y Coutts de 2023. Cuando el banco cerró la cuenta de Farage, varios documentos internos revelaron más tarde que la decisión tuvo en cuenta sus opiniones políticas. El escándalo derivó en promesas del entonces Gobierno conservador para reforzar la transparencia.
Desde un punto de vista comercial y de cumplimiento, hay razones por las que la decisión de Coutts puede haber estado dentro de las normas de gestión de riesgos. La condición de Farage como político le convierte en una Persona Políticamente Expuesta (PEP), según las normas contra el blanqueo de capitales.
Los bancos británicos están obligados a aplicar una diligencia debida reforzada a las PEP, que incluye comprobaciones detalladas de las fuentes de riqueza, un seguimiento más estrecho de las transacciones y una reevaluación continua de cualquier vínculo potencial con la corrupción o la delincuencia financiera. Esto no implica que se hayan cometido delitos, pero sí que la cuenta exige más recursos y conlleva una mayor carga regulatoria. Para un banco cuya propuesta de valor se basa en relaciones discretas y de bajo riesgo, esto puede inclinar la balanza coste-beneficio.
Los informes de la época sugieren que la cuenta de Farage había caído por debajo de los umbrales financieros mínimos de Coutts para determinados servicios. Cuando un cliente ya no cumple los criterios de rentabilidad, pero sigue exigiendo altos niveles de supervisión del cumplimiento y tiene problemas de reputación, un banco privado tiene fuertes incentivos para separarse. Desde este punto de vista, la decisión de Coutts no parece tanto una purga política como una alineación calculada de su cartera de clientes con su apetito por el riesgo y su estrategia comercial.
Sin embargo, ese no fue el enfoque que dominó los titulares, y acabó dando forma a la política de 'de-risking' de manera significativa en Reino Unido. En 2024, las reclamaciones al Financial Ombudsman Service sobre cierres de cuentas aumentaron un 44%, hasta casi 3.900, con una mayor proporción de casos estimados a favor de los consumidores. Mientras tanto, en 2023 se cerraron más de 140.000 cuentas de empresas, especialmente pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.
Desde entonces, los bancos británicos deben avisar a los clientes con al menos 90 días de antelación antes del cierre y proporcionar más detalles sobre los motivos de la cancelación de las cuentas. La conversación sigue estando dominada por casos de gran repercusión y políticamente delicados, más que por las implicaciones económicas y comerciales más amplias de la eliminación de riesgos.
Silenciosa, técnica y con mucho en juego: el caso de la Unión Europea
Por el contrario, Bruselas ha tratado la eliminación del riesgo como un reto político de larga duración y en gran medida técnico. Durante años, las instituciones de la UE han publicado directrices para salvaguardar la inclusión financiera, al tiempo que se aplican las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
"Los bancos miembros de la Federación Bancaria Europea (EBF) se encuentran a menudo entre la espada y la pared: deben cumplir estrictos requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se les exige que pongan fin a las relaciones con sus clientes más arriesgados y, al mismo tiempo, se les pide que garanticen el acceso a los servicios bancarios básicos a los clientes legítimos", declara la Federación Bancaria Europea a 'Euronews' en un comunicado. "Por lo tanto, sus decisiones de reducción del riesgo deben ser proporcionadas y basadas en el riesgo, y no prohibiciones indiscriminadas a países enteros o grupos de clientes", afirman.
Según la EBF, la mayoría de los bancos europeos se centran en la eliminación del riesgo caso por caso y prestan especial atención a las "señales de alarma". Por ejemplo, situaciones en las que la identidad de un cliente no puede verificarse mediante controles de identidad seguros y aprobados por el Gobierno, o cualquier transacción en la que no puedan confirmar con seguridad quién es realmente la persona, la empresa o el "beneficiario efectivo".
Para los bancos se trata de sopesar si los riesgos pueden reducirse lo suficiente para cumplir la normativa y proteger la reputación del banco, y si la gestión de ese riesgo requeriría más tiempo, dinero y esfuerzo de lo que la cuenta vale en última instancia. "En la UE, la reducción de riesgos se reconoce cada vez más como un problema importante para los consumidores, aunque no es una preocupación nueva ni refleja plenamente las prioridades de la Administración Trump", continúa el comunicado de la EBF. "Durante años, las instituciones de la UE han emitido orientaciones destinadas a salvaguardar la inclusión financiera y garantizar que los clientes legítimos no sean excluidos injustamente del sistema bancario".