Grandes multinacionales recurren al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para recuperar aranceles pagados por el 'Día de la liberación' de Trump.
Varios grupos de consumo e industriales de renombre, entre ellos Costco, Revlon, Kawasaki Motors y Bumble Bee Foods, están impulsando una ola de acciones legales contra los amplios aranceles del Día de la Liberación de Donald Trump. Su objetivo es reclamar la devolución de los gravámenes abonados hasta ahora e impedir más costes.
Los registros del Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. muestran que más de 70 empresas han presentado ya demandas para que los jueces declaren ilegales los aranceles, ordenen reembolsos y bloqueen a la Administración la imposición de estos gravámenes en el futuro.
Muchas demandas se han registrado en las últimas semanas, mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos delibera si Trump tenía autoridad para imponer las medidas al amparo de la Ley de Facultades Económicas en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Una guerra comercial que se acoge a la IEEPA
La IEEPA es una ley estadounidense de 1977 que permite al presidente declarar una emergencia nacional por una amenaza externa y usar amplias herramientas económicas, como sanciones y congelaciones de activos, contra países, entidades o individuos extranjeros. Las empresas demandantes sostienen que la IEEPA está pensada para sanciones específicas en situaciones de emergencia, no para aranceles generales y clásicos a las importaciones.
Estos últimos escritos suponen un cambio en la respuesta empresarial al régimen arancelario, ya que los primeros casos los impulsaron sobre todo pequeños importadores. Las implicaciones han cambiado de forma significativa ahora que grandes multinacionales con cadenas de suministro globales se suman, y alegan que los aranceles han distorsionado los flujos comerciales y han encarecido los costes en múltiples mercados.
Costco, cadena estadounidense de almacenes al por mayor con operaciones en Asia y Europa, demandó a la Administración en noviembre y reclamó la devolución íntegra de los aranceles pagados y una orden que impida recaudaciones futuras. La compañía argumenta que la IEEPA no autoriza de forma clara a la Casa Blanca a fijar derechos de aduana y que, por tanto, los aranceles impuestos al amparo de poderes de emergencia deben anularse.
Revlon, el grupo de cosmética con centros de producción y distribución en Norteamérica, Europa y Asia, también pide reembolso y una resolución que declare ilegal el uso que Trump hace de la IEEPA. En su escrito, la empresa advirtió de que algunas partidas sobre las que ha abonado aranceles podrían finalizarse o liquidarse ya a mediados de diciembre, lo que reduciría drásticamente su capacidad de solicitar devoluciones más adelante.
Entre los demandantes abundan fabricantes multinacionales de los sectores automovilístico e industrial.
Los escritos judiciales muestran que filiales del grupo japonés Toyota han demandado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. por los mayores gravámenes sobre piezas de automóvil y metales, mientras que Kawasaki Motors y un conjunto de proveedores del sector del automóvil sostienen que los aranceles sobre vehículos, acero y aluminio han incrementado de forma significativa sus costes.
El productor de aluminio Alcoa, el grupo de embalaje Berlin Packaging, el fabricante de equipos de fitness iFit y el proveedor de fontanería Ferguson Enterprises también se han sumado a la batalla legal.
Las empresas de alimentación con redes de aprovisionamiento dispersas afirman que el impacto ha sido especialmente duro. Bumble Bee Foods, que compra productos del mar en Brasil, Ecuador, Panamá, México, Indonesia, China e India para sus marcas globales, sostiene que sus costes de importación aumentaron cuando entraron en vigor los aranceles.
El Tribunal Supremo ya ha escuchado los argumentos sobre la cuestión jurídica central, si un presidente puede basarse en la IEEPA para imponer aranceles amplios de alcance nacional. Tres tribunales inferiores ya han fallado contra la Administración Trump. Varios magistrados del Supremo también mostraron escepticismo ante la postura de la Administración durante la vista, aunque expresaron preocupación por la complejidad de cualquier proceso de devolución si se anulan los aranceles, advirtiendo de que deshacer años de recaudaciones podría ser perturbador.
El caso de Costco ha ganado atención adicional después de que la cadena propuso recientemente a Gina Raimondo, que fue secretaria de Comercio con el presidente Joe Biden, para su consejo de administración. El nombramiento de Raimondo se someterá a votación de los accionistas en enero, mientras que el fallo del Supremo sobre la legalidad de la estrategia arancelaria de Trump llegará, como muy tarde, al término de su periodo en junio de 2026.