El presidente firma una orden ejecutiva para gravar los medicamentos patentados de empresas que no produzcan en Estados Unidos. La medida busca garantizar la seguridad nacional ante las importaciones, mientras la industria advierte de un aumento de costes para los pacientes.
El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que podría imponer los aranceles, largamente anunciados, de hasta el 100% a determinados medicamentos patentados de las empresas que no cierren acuerdos con su Administración en los próximos meses.
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Las empresas que hayan firmado un acuerdo de precios de 'nación más favorecida' y estén construyendo activamente instalaciones en Estados Unidos para repatriar la producción de medicamentos patentados y de sus ingredientes quedarán sujetas a un arancel del 0%.
Para aquellas que no hayan cerrado un acuerdo de precios pero estén desarrollando este tipo de proyectos en Estados Unidos, se aplicará inicialmente un arancel del 20%, que aumentará hasta el 100% en un plazo de cuatro años.
Un alto cargo de la Administración explicó a los periodistas, en una rueda de prensa telefónica, que las empresas aún disponen de varios meses para negociar antes de que entren en vigor los aranceles del 100%: 120 días para las grandes compañías y 180 días para el resto.
El responsable, que habló bajo condición de anonimato para adelantar el contenido de la orden ejecutiva antes de su publicación, no identificó a ninguna empresa ni medicamento en riesgo de verse afectado por los nuevos aranceles, aunque sí señaló que la Administración ya ha cerrado 17 acuerdos de precios con grandes farmacéuticas, de los cuales 13 están firmados.
En la orden, Trump sostiene que considera necesarias estas medidas "para hacer frente a la amenaza que las importaciones de medicamentos y de ingredientes farmacéuticos suponen para la seguridad nacional".
Llega coincidiendo con el primer aniversario del llamado Día de la Liberación de Trump, cuando el presidente anunció amplios nuevos impuestos a las importaciones procedentes de casi todos los países del mundo, lo que provocó fuertes caídas en la bolsa.
Esos aranceles del 'Día de la Liberación' figuraban entre los gravámenes que el Tribunal Supremo anuló en febrero.
Algunos han advertido de las consecuencias de los aranceles anunciados el jueves. Stephen J. Ubl, consejero delegado de la patronal farmacéutica PhRMA, afirmó que los impuestos "sobre los medicamentos más innovadores aumentarán los costes y podrían poner en peligro inversiones por valor de miles de millones en Estados Unidos".
Recordó la amplia presencia que Estados Unidos ya tiene en la fabricación de biomedicamentos y subrayó que los fármacos procedentes de otros países "provienen en su inmensa mayoría de aliados fiables de Estados Unidos".
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha lanzado una batería de nuevos impuestos a las importaciones procedentes de los socios comerciales de Estados Unidos y ha prometido en repetidas ocasiones que llegarían aranceles muy elevados a los medicamentos fabricados en el extranjero.
Pero la Administración también ha utilizado la amenaza de nuevos gravámenes para cerrar acuerdos con grandes compañías, como Pfizer, Eli Lilly y Bristol Myers Squibb, durante el último año, con la promesa de rebajar el precio de los nuevos medicamentos.
Más allá de los tipos específicos por empresa, un puñado de países ha acordado marcos comerciales con Estados Unidos para limitar aún más los aranceles a los medicamentos que se envían al mercado estadounidense.
La UE, Japón, Corea y Suiza afrontarán un arancel estadounidense del 15% sobre los medicamentos patentados, en línea con los tipos ya pactados para la mayoría de los productos, y el Reino Unido se situará en el 10%, que según la orden de este jueves "se reducirá después a cero" en el marco de futuros acuerdos comerciales.
El Reino Unido había asegurado anteriormente que había obtenido un tipo arancelario del 0% para todos los medicamentos británicos exportados a Estados Unidos durante al menos tres años.
Trump anuncia también cambios en los aranceles a los metales
Además, Trump presentó el jueves una actualización de sus aranceles del 50% al acero, el aluminio y el cobre importados.
A partir del lunes, y según la nueva orden, los tipos arancelarios sobre esos metales se calcularán en función del "valor íntegro en aduana" de lo que paguen los clientes estadounidenses al comprar metal extranjero, una fórmula que, según los responsables del Gobierno, impedirá que importadores de otros países eludan pagos más elevados.
Los productos fabricados íntegramente con acero, aluminio o cobre seguirán soportando un arancel del 50% en la mayoría de los países.
Pero la Administración también está cambiando la forma de calcular los aranceles para los llamados productos derivados, es decir, bienes manufacturados que contienen alguno de estos metales, pero no están hechos completamente de ellos.
Para un producto cuyo contenido de metal represente menos del 15% de su peso total, como el tapón de una botella de perfume, solo se aplicarán a partir de ahora los aranceles específicos por país, explicaron el jueves los responsables a los periodistas.
En cambio, para los productos con un mayor contenido de metal, como una lavadora compuesta en gran parte por acero, señalaron que se aplicará un arancel del 25% sobre el valor total.
Se esperan más impuestos sectoriales
Las órdenes firmadas este jueves son el último ejemplo de cómo Trump recurre a gravámenes específicos por sector. El presidente ha utilizado la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 para imponer estos recargos, la misma base legal que invocó para fijar aranceles a la importación de automóviles, madera e incluso muebles de cocina.
Y muchos dan por hecho que habrá más impuestos a la importación dirigidos a productos concretos en el futuro.
El motivo es que una sentencia del Tribunal Supremo anuló los aranceles que Trump había impuesto amparándose en otra ley, la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional de 1977, que le permitía aplicar de inmediato aranceles a cualquier país y prácticamente a cualquier nivel.
Aunque la decisión judicial del 20 de febrero supuso un golpe importante para la agenda económica de Trump, el presidente sigue contando con numerosas opciones para mantener una política arancelaria agresiva sobre las importaciones.
Además de los gravámenes sectoriales, Trump impuso también un arancel del 10% a todas las importaciones al amparo de otra habilitación legal apenas unas horas después del fallo del Tribunal Supremo, aunque ese recargo solo puede mantenerse durante 150 días. Unos 24 estados ya han recurrido los nuevos aranceles.
La tesis de Trump es que sus nuevos y elevados impuestos a las importaciones son necesarios para recuperar la riqueza que, según él, fue "robada" a Estados Unidos. Sostiene que permitirán reducir el déficit comercial que el país arrastra desde hace décadas y devolver la industria manufacturera al territorio nacional. Pero Trump también ha recurrido a los aranceles en medio de rencillas personales o en respuesta a sus críticos políticos. Y la alteración de la cadena de suministro mundial se ha demostrado costosa para las empresas y para los hogares, ya de por sí presionados por el aumento de los precios.