La UE y el Reino Unido están entre las economías afectadas por una nueva propuesta de aranceles de Estados Unidos ligada a importaciones con trabajo forzoso, que podría reabrir las tensiones comerciales pocas semanas después del acuerdo entre Bruselas y Washington.
La administración Trump propuso el martes imponer aranceles adicionales del diez o del 12,5% a las importaciones procedentes de 60 economías, entre ellas la Unión Europea y el Reino Unido, alegando que su falta de medidas adecuadas para impedir el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso supone una carga injusta para el comercio de Estados Unidos.
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La medida llega antes de que el 24 de julio expiren los aranceles temporales impuestos después de que en febrero se anulara el régimen arancelario de Trump basado en la IEEPA.
Un informe publicado el miércoles por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señala que 54 economías, entre ellas el Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón, India, Israel, Catar y Arabia Saudí, no han impuesto ni aplicado de forma efectiva prohibiciones a las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso. Según la propuesta, se enfrentarían a un arancel adicional del 12,5%.
Otras seis economías, por su parte, se enfrentarían a un arancel adicional del diez por ciento por presuntamente no aplicar de forma efectiva las restricciones ya existentes a las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso.
Las seis economías son Canadá, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia, México y Pakistán. Según la USTR, ya cuentan con medidas para restringir las importaciones de productos fabricados con trabajo forzoso, pero no las están aplicando de manera eficaz.
"La falta de actuación de nuestros socios comerciales más importantes frente a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es inaceptable", afirmó en un comunicado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
"Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a escala mundial en condiciones de desigualdad", añadió, e instó a los socios comerciales a hacer más para garantizar que el comercio no "fomente y consolide el trabajo forzoso en todo el mundo".
En su informe, la USTR definió el trabajo forzoso como "trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de cualquier pena por su incumplimiento y para el cual el trabajador no se ofrece voluntariamente".
Es probable que las medidas propuestas inquieten a importantes socios comerciales de Estados Unidos, muchos de los cuales ya han afrontado varias rondas de aranceles desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
La iniciativa llega pocas semanas después de que la Unión Europea alcanzara un acuerdo con Washington para limitar los aranceles a la mayoría de las exportaciones comunitarias al 15%, tras intensas negociaciones entre los 27 Estados miembros del bloque.
Trump regresó recientemente de un viaje a China, donde él y el presidente chino, Xi Jinping, abordaron la ampliación del acceso al mercado para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en sectores estadounidenses. Ambas partes acordaron además crear nuevos órganos en materia de comercio e inversión, aunque apenas se han revelado detalles.
Los nuevos aranceles no entrarían en vigor de inmediato, ya que seguirán sujetos a consulta y revisión públicas.
La investigación se llevó a cabo en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que podría permitir al Gobierno aplicar aranceles después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara en febrero que Trump se excedió en sus competencias al utilizar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles generalizados a sus socios comerciales.
El Gobierno ha señalado que planea recurrir otra sentencia que permite a las empresas solicitar la devolución de los aranceles aplicados en el marco de ese marco jurídico anterior.
A comienzos de esta semana, Washington propuso también aranceles del 25% a las importaciones procedentes de Brasil, al acusar a la mayor economía de América Latina de mantener prácticas comerciales "irrazonables" que "cargan o restringen el comercio estadounidense".
Según la USTR, su investigación concluyó que Brasil aplica de forma deficiente las normas anticorrupción y mantiene políticas arancelarias injustas, entre otras preocupaciones.